Superintendenta de la Sunat (hasta ayer), Marilú Llerena.

Por Jorge Turpo Rivas

El trabajo apunta a las plantas de procesamiento en zonas como Chala en Arequipa como parte de la lucha contra la minería ilegal. Lo que reportan los pequeños productores en exportaciones no coincide con lo que declaran a la SUNAT.                 

SUNAT ANUNCIA CONTROL INTELIGENTE

En el Perú, más de 350 plantas de procesamiento se han convertido en la puerta de entrada del oro de origen informal e ilegal al mercado internacional. Son instalaciones que reciben toneladas de mineral de zonas donde opera la minería artesanal y, con una mínima declaración oficial, lo transforman en lingotes listos para exportar. Mientras los reportes oficiales muestran cifras modestas de producción, las exportaciones de oro se disparan a niveles históricos.

Frente a ese desbalance millonario, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) anunció que reforzará la fiscalización sobre estas plantas, consideradas el eslabón crítico del circuito.

La superintendenta (hasta ayer), Marilú Llerena, explicó que se aplicará un modelo de control inteligente, con vigilancia física en puntos estratégicos y supervisión directa en las plantas, además del cruce de información entre lo declarado al Ministerio de Energía y Minas (Minem) y las estadísticas tributarias.

Llerena admitió que resulta imposible rastrear toda la cadena —desde la extracción hasta la exportación—, pero subrayó que el control inteligente en este punto crítico permitirá detectar inconsistencias en las declaraciones de volúmenes de producción y ventas.

El enfoque no es nuevo. El Observatorio de Minería Ilegal (OMI) ya había alertado hace algunos años sobre la necesidad de fiscalizar estas plantas, convertidas en piezas centrales para el lavado de oro proveniente de la minería ilegal.

Lo que se propone también es que se debe trabajar en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), utilizando equipos técnicos y herramientas tecnológicas.

De lo contrario, las brechas seguirán siendo aprovechadas por quienes operan en la sombra.

La urgencia del control se entiende mejor al mirar el panorama de la última década. Las exportaciones de oro en el Perú pasaron de 304.4 toneladas en 2013 a 407.3 toneladas en 2023, en un contexto en que el precio internacional del metal alcanzó cifras históricas cercanas a los 2 400 dólares la onza.

Sin embargo, en paralelo, los pequeños productores reportaron al Minem apenas 99.73 toneladas de producción en ese mismo periodo.

El contraste con los registros aduaneros de Sunat es abismal: 361.46 toneladas exportadas, más de tres veces lo declarado oficialmente.

EL CASO DE AREQUIPA

La zona sur del país concentra el epicentro de esta brecha. Chala, en Arequipa, se ha consolidado como el segundo emporio industrial de la pequeña minería, donde operan decenas de plantas. Allí, según investigaciones de Convoca.pe, se han detectado desbalances millonarios en empresas como Minera Confianza SAC y Compañía Minera Jerusalén SAC.

En el caso de Minera Confianza, entre 2018 y 2023 declaró al Minem haber producido 3.11 toneladas de oro, pero sus exportaciones llegaron a 8.02 toneladas. El excedente de casi cinco toneladas, valorizado en cientos de millones de dólares, no tiene respaldo documental de origen, según investigación de Convoca.

Más grave aún es lo ocurrido con Minera Jerusalén: entre 2020 y 2021 reportó apenas 80 kilos de producción, pero entre 2020 y 2023 exportó 1 921 kilos, principalmente hacia Emiratos Árabes Unidos e India, por un valor superior a los 108 millones de dólares. El desbalance de 1 841 kilos expone cómo opera este engranaje opaco.

A estas irregularidades se suma el caso de Chala One, de Corizona One SAC, que no reportó producción alguna a las autoridades.

No obstante, empresas vinculadas a su mismo gerente exportaron más de 18 toneladas de oro por casi 300 millones de dólares.

En todos estos ejemplos se repite la misma ecuación, un vacío de control que permite a las plantas operar como laboratorios de blanqueo, extrayendo lingotes de oro a partir de mineral de procedencia incierta.

El negocio se alimenta de zonas informales e ilegales como Secocha y Relave, donde miles de mineros extraen el metal sin autorización ni fiscalización adecuada.

La cadena se completa cuando el oro es adquirido por plantas procesadoras que, con una mínima declaración formal, pueden convertirlo en mercancía exportable.

Así, los lingotes llegan a mercados globales, principalmente a India, Emiratos Árabes Unidos y Suiza, con un sello de legalidad que en realidad no resiste una auditoría detallada.

El Estado, por su parte, ha fallado en garantizar un control efectivo. La falta de presupuesto y personal para fiscalizar miles de operaciones de pequeña minería ha dejado un terreno fértil para el fraude.

En este contexto, la intervención de Sunat se perfila como una respuesta tardía, pero necesaria, frente a un sistema de evasión y lavado de activos que lleva años consolidándose.

La paradoja es que el oro, símbolo de riqueza nacional, se ha convertido en un canal de fuga millonaria que enriquece a operadores ilegales mientras erosiona la base tributaria del país.

El desafío de Sunat no será solo detectar inconsistencias, sino desmontar una maquinaria que ha hecho de la opacidad un negocio rentable.