Por Germán Yuca Ch.

MÁS DE 17 MIL DENUNCIAS DE VIOLENCIA

Una restricción legal del Código Procesal Penal impidió que John Rodríguez Roca, presunto agresor de su hijastra de cuatro años, sea recluido de forma preventiva mientras avanzan las investigaciones. Desde el Ministerio Público informaron que, una vez concluido el caso, el imputado podría recibir hasta tres años de prisión. No obstante, la Fiscalía busca incluir en el proceso posibles agresiones contra la madre de la menor para ampliar la pena. Por ahora, ambas víctimas permanecen bajo protección del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

El pasado jueves 16 de octubre, John Carlos Rodríguez Roca fue detenido en la comisaría de Yarabamba por agredir físicamente a su hijastra, una niña de cuatro años. Sin embargo, el viernes 17 de octubre —24 horas después— fue liberado, dado que la madre de la menor no presentó una denuncia formal y el Ministerio Público no solicitó el requerimiento de prisión. Esto ocurrió pese a que un video grabado por la madre muestra al agresor golpeando a la menor dentro de su vivienda, ubicada en el sector 1 de Nueva Quequeña.

El certificado médico legista concluyó que la niña requería un día de atención médica y cinco días de descanso por incapacidad. De acuerdo con el artículo 122-B del Código Penal, la pena posible para Rodríguez Roca oscila entre dos y tres años de prisión por agresión agravada contra su hijastra. Aunque Ana Sánchez Vargas, madre de la menor, no denunció ser víctima de abuso, los fiscales evidenciaron que presentaba signos de violencia, lo que podría añadir tres años más a la pena del agresor.

«Por cuestiones legales, nosotros no pudimos pedir prisión preventiva. Para eso, la pena debe superar los cinco años. Esto representa un impedimento legal. Nosotros no lo hemos establecido; es una cuestión del Código Procesal Penal. (…) Las diligencias continúan. Si comprobamos que la madre también fue golpeada, entonces podríamos hablar de un concurso real de delitos y la pena aumentaría a seis años», sostuvo María del Rosario Lozada Sotomayor, fiscal especializada en casos de violencia contra la mujer y el grupo familiar.

Respecto a la evidencia fílmica que muestra la agresión de Rodríguez Roca contra la menor, Lozada Sotomayor indicó que se debe autenticar la grabación. La División de Alta Tecnología recepcionó el equipo celular de la madre, el cual incluiría el video. Sin embargo, la extracción de información para autenticar la veracidad del material digital se realizará el 24 de noviembre. «En un juicio, todo se pone en tela de juicio. Por eso necesitamos autenticar la evidencia», explicó la fiscal.

La Fiscalía solicitó los resultados de las diligencias dispuestas como parte de la investigación, entre ellas el dosaje etílico, el examen toxicológico, los informes sociales y las pericias psicológicas. Por su parte, el Juzgado de Familia Subespecializado en Violencia Familiar de la Corte Superior de Justicia de Arequipa dispuso el retiro de Rodríguez Roca del hogar. Además, le prohibió ejercer cualquier nuevo acto de violencia física o psicológica, así como acercarse a menos de 100 metros de ambas víctimas.

Finalmente, se prohibió a la madre cambiar de domicilio sin comunicarlo al juzgado, a fin de garantizar el cumplimiento de las medidas de protección. De igual manera, se ordenó que tanto la madre como el padrastro participen en el programa “Escuela para Padres”, con el objetivo de fortalecer sus capacidades para la crianza y educación sin violencia de la niña.

LLEGÓ LA MINISTRA DE LA MUJER

Durante una fugaz visita a Arequipa, la titular del MIMP, Sandra Gutiérrez Cuba, señaló que el caso es muy sensible, al igual que todos aquellos que involucran a menores de edad y mujeres como víctimas de violencia. «Estamos coordinando con la Fiscalía y la Policía, poniéndonos de acuerdo para desarrollar un trabajo articulado. Tengan por seguro que este caso no va a quedar impune. Estamos tomando acciones», expresó.

Trabajadores del Programa Nacional Warmi Ñan, en representación del MIMP, acudieron al domicilio de la menor víctima de violencia física y gestionaron su ingreso al Centro de Acogida Residencial Casa Isabel desde el sábado. Desde el ministerio detallaron además que brindan atención a la madre, quien fue trasladada temporalmente a un refugio. El seguimiento está a cargo de la Unidad de Protección Especial (UPE) del MIMP.

MÁS DE 17 MIL DENUNCIAS

Arequipa registra más de 17 mil denuncias por agresiones contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Los hechos de violencia incluyen agresiones físicas, psicológicas y sexuales. Desde la Fiscalía Especializada en Casos de Violencia contra la Mujer y el Grupo Familiar detallaron que los casos de acoso registran un incremento significativo.

«El acoso, a mayores y menores de edad, ha crecido en Arequipa. Antes no había mucho acoso. Este tipo penal se incorporó en 2018 y ha ido en aumento. Hay dos tipos de acoso: el no sexual y el sexual, incluyendo el que se realiza por redes sociales. (…) Estamos trabajando de forma sostenida para lograr su reducción», sostuvo la fiscal María Lozada Sotomayor.

Desde el Ministerio Público recordaron que existe un marco legal para imponer prisión contra quienes incurran en este tipo de delitos. En ese sentido, exhortaron a la población a denunciar los casos para lograr sentencias condenatorias contra los responsables.