Intervenciones se ejecutaron durante el 2023. A través de una auditoría, la Contraloría General de la República identificó un perjuicio económico superior a S/ 208 mil al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) tras una auditoría de cumplimiento al Área Funcional No Estructurada de Mantenimiento de Infraestructura Pública (AFNEMIP). Además, cinco intervenciones habrían sido encargadas a un aportante de campaña de Yo Arequipa, Alexander Manuel Pinto Paccara, y sus familiares. En total, se identificó a 16 funcionarios con responsabilidades penales y administrativas en las irregularidades cometidas.

ALERTAN IRREGULARIDADES

El GRA, a través de los funcionarios de AFNEMIP, incurrió en irregularidades durante la contratación de las fichas de mantenimiento de la I.E. 40163 Benigno Ballón Farfán (Paucarpata), el CEBE Piloto de Miraflores, la I.E. Paulo VI – Circa (Paucarpata), el mantenimiento de vías en Peruarbo (Cerro Colorado) y el Cetpro del Ejército del Perú – Arequipa. Estas intervenciones, ejecutadas durante 2023, recibieron el otorgamiento de conformidad a servicios duplicados y metrados no ejecutados. Dicha negligencia ocasionó un perjuicio económico de S/ 208 223.94 al GRA.

Además, los Responsables Técnicos de las Actividades de Mantenimiento (RETAM) formularon los requerimientos para ejecución por administración directa, lo que exigía contar con personal técnico-administrativo y equipos propios. Sin embargo, los trabajos se subdividieron en servicios menores a 8 UIT, otorgados al proveedor Alexander Manuel Pinto Paccara y a sus familiares. Esta acción vulneró la Ley de Contrataciones del Estado y la normativa interna N° 007-2016-GRA/OPDI, que regula las medidas de control en actividades de mantenimiento de infraestructura pública.

El informe precisa que funcionarios de la Oficina de Logística y Patrimonio, entonces a cargo de Slender Andía Condo, no advirtieron el fraccionamiento realizado por AFNEMIP. Así, favorecieron la entrega de servicios a empresas cuyos representantes legales eran familiares de Pinto Paccara, titular de P&G Group Construction & Developer SAC y AMP Laboratorio y Servicios Generales E.I.R.L. Su hermano, Diego Armando Pinto Paccara, brindó servicios como persona natural; y su cuñada, Doris Tacca Pacsi, como representante legal de DTP Servicios Generales E.I.R.L.

La Contraloría también comprobó que Karlo Giovani Guevara Fuentes, proveedor en las cinco actividades de mantenimiento, es hijo de Janet Fuentes Paccara, nieto de Jesusa Paccara Cano y sobrino de Alexander y Diego Pinto Paccara. Es decir, las cinco intervenciones del GRA fueron adjudicadas a contratistas vinculadas familiarmente.

Cabe resaltar que Alexander Manuel Pinto Paccara figura como aportante de la campaña que llevó a Rohel Sánchez Sánchez a la gobernación regional. Según el registro de aportantes del movimiento Yo Arequipa, contribuyó con S/ 10 650. Sin embargo, sus empresas ya facturaron más de S/ 1 millón 700 mil al GRA.

Por si fuera poco, las actividades estuvieron bajo la supervisión de dos responsables RETAM: Helber Rivel Pinto Alemán y Jeaneth Isabel Rondón Estefanero. Esta última, además, figuró como proveedora de los mantenimientos en Peruarbo y en la I.E. Benigno Ballón Farfán, al ser representante legal de JIRE Consultoría, Construcción y Servicios Generales E.I.R.L. Estuvo, por tanto, a cargo de la selección y también de la ejecución de las intervenciones.

RESPONSABLES

A través de la Auditoría de Cumplimiento N° 043-2025-2-5334-AC se concluyó que 16 trabajadores de AFNEMIP y la oficina de Logística y Patrimonio del GRA incurrieron en irregularidades. Entre ellos figuran Néstor Ismael Valdivia Chalco y Jaime Carlo Herrera Berolatti, jefes de AFNEMIP; Helber Rivel Pinto Alemán y Jeaneth Isabel Rondón Estefanero, responsables RETAM; así como Yurema Larico Valdivia, Jean Carlo Salas Cuno y Wilbert Jafett Anahua Apaza, inspectores. Los siete presentan presunta responsabilidad penal y administrativa por los hechos observados.

También se identificó responsabilidad administrativa funcional en otros nueve servidores del GRA. Se trata de Emil Abraham Cuadros Zegarra, coordinador de la Gerencia Regional de Supervisión y Liquidación; Raúl Elías Salas Lazo, especialista de la Oficina de Logística; Ximena Alejandra Fiascunari Alarcón, encargada de adquisiciones; Julio Christian Manrique Pareja, especialista de Logística; Mariela Karolina Ortiz Mendoza, Vanessa Eliana Linares Puma, Yolanda Quispe Cahui, Liz Lourdes Collanqui Quispe, y Hernán Fabrizio Gómez Turpo, cotizadores de la Oficina de Logística. Todos quedaron sujetos a sanción administrativa por su participación en los procesos observados.

La Contraloría remitió el informe a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción para el inicio de las acciones legales correspondientes.