Por: Carlos Meneses

La seguridad es un derecho, no una concesión. Y cuando el miedo se vuelve rutina, es el Estado quien ha perdido el rumbo.

El anuncio de un nuevo paro nacional de transportistas para el 14 de noviembre, convocado por la Asociación de Transportistas Nacionales e Internacionales (Asotrani), refleja el nivel de desesperación que atraviesa un sector golpeado por la delincuencia y por la falta de resultados de las medidas del Gobierno. Los asesinatos recientes de choferes en Lima y Callao son solo la expresión más visible de un problema que ya se ha extendido por todo el país: el control que las bandas criminales ejercen sobre las rutas, los terminales y las economías informales del transporte.

Los transportistas, que cada día ponen su vida en riesgo para trabajar, sienten que el Estado los ha dejado solos frente a las extorsiones, los cobros ilegales y la violencia de los sicarios. No es casual que sus dirigentes hablen de “salir con miedo” y que denuncien la ineficacia del estado de emergencia decretado por el Gobierno de José Jerí. El despliegue militar y policial no basta si no se acompaña de inteligencia operativa, depuración institucional y un sistema judicial que sancione de manera efectiva a los cabecillas de estas redes criminales.

Sin embargo, un paro nacional no puede convertirse en la única vía para exigir atención. Las paralizaciones, aunque legítimas como forma de protesta, afectan a millones de peruanos que también son víctimas de la inseguridad, la informalidad y la crisis económica. Los gremios del transporte deben encontrar canales de diálogo sostenido con el Ejecutivo y con el Congreso, y el Gobierno debe garantizar espacios reales de concertación. Ignorar las demandas solo agravará la tensión social.

El llamado de los dirigentes a “unir fuerzas” con otros sectores debe ser escuchado con cautela. En tiempos de incertidumbre política, cualquier convocatoria masiva puede ser manipulada por intereses ajenos al clamor ciudadano. La seguridad no se conquista con paros ni con discursos, sino con políticas coherentes, liderazgo firme y coordinación entre todas las instituciones del Estado.

La violencia contra los transportistas es una herida abierta que revela el deterioro del orden público en el país. El Gobierno no puede seguir actuando de manera reactiva ni limitada a declarar emergencias. Se necesita una estrategia integral que proteja a quienes todos los días mueven la economía del Perú. Y los gremios, por su parte, deben hacer sentir su voz sin que el país se detenga.