Gabino Mena Masco, representante de los comuneros.

Un grupo de comuneros del distrito Caylloma denunció que el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) habría otorgado derecho de servidumbre en terrenos privados para entregarlos a la minera Bateas. Aseguran que las autoridades inmatricularon terrenos de propiedad ancestral y las adjudicaron como propias. Ante esta decisión, exigen la nulidad del procedimiento para evitar lo que califican como un «atropello» a alrededor de 100 familias.

A través de la Resolución Gerencial General Regional N.° 021-2024-GRA/GGR, promulgada el 17 de enero de 2024, el GRA dispuso la primera inscripción de dominio a favor del Estado en nueve «terrenos eriazos» de más de 285 hectáreas ubicados en Caylloma. Estos predios quedaron destinados para la explotación de la minera Bateas. No obstante, un grupo de comuneros sostiene que los terrenos son privados y se usan para la crianza de camélidos sudamericanos.

«Los comuneros denuncian que no hubo autorización que permita el ingreso a sus predios. Ellos tienen documentación ancestral que los acredita como titulares de los predios en mención. De modo que fueron directamente perjudicados por la resolución del GRA, dado que autoriza que la minera Bateas realice explotación minera en sus predios. Vamos a investigar cómo se aprobó la resolución», declaró Yesenia Choquehuanca Cruz, consejera regional electa por Caylloma.

Los residentes del anexo Talta Huarahuarco y la comunidad de Santa Rosa afirman que la explotación de minerales polimetálicos, como plomo y zinc, afectará de forma directa sus actividades. Aunque ya presentaron una solicitud de nulidad de la Resolución Gerencial General Regional N.° 021-2024-GRA/GGR, esta fue declarada improcedente mediante la Resolución Ejecutiva Regional N.° 0589-2025-GRA/GR, aprobada el 17 de noviembre.

Ante ese escenario, exigen una reevaluación de la decisión. «Nuestros derechos de propiedad están siendo vulnerados por el GRA. Las mineras están corrompiendo a las autoridades para tener derecho de servidumbre en propiedades privadas», concluyó Gabino Mena Masco, representante de los comuneros.