Por: Carlos Meneses

A menos de un año de los comicios generales, el Perú encara un nuevo ciclo político con viejos problemas: fragmentación, improvisación y una creciente desconfianza ciudadana. Si algo debe entenderse de esta carrera contra el reloj es que la democracia no se construye con plazos, sino con convicciones. El reto está planteado: el tiempo del calendario puede apurarse, pero el tiempo de la madurez política sigue pendiente.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha marcado el compás final del año político con una cifra contundente: 38 partidos en carrera hacia las Elecciones 2026. Detrás del dato se esconde un mensaje claro: la institucionalidad electoral mantiene el control del proceso, mientras los partidos corren contra el tiempo para definir candidaturas y listas antes del 23 de diciembre. El país, entretanto, asiste a la apertura de una contienda donde la improvisación y la urgencia amenazan con reemplazar la reflexión y la coherencia política.

La cuenta regresiva que impone el JNE no solo es técnica, sino también simbólica. Obliga a los partidos a demostrar si realmente poseen organización interna o si siguen siendo maquinarias electorales activadas cada cinco años. En apenas una semana deberán cerrar acuerdos, resolver pugnas y, en muchos casos, improvisar fórmulas presidenciales sin debate programático ni visión nacional. Esa es, quizás, la principal debilidad del sistema político peruano: la falta de partidos sólidos, con vida orgánica y liderazgo transparente.

El reciente proceso de elecciones internas expuso nuevamente las desigualdades entre agrupaciones. Algunas lograron realizar comicios ejemplares en todo el país; otras se limitaron a votar en Lima o incluso a decidir candidaturas mediante un sorteo, como ocurrió con “Salvemos al Perú”. El episodio, que rozó lo anecdótico, refleja un problema más profundo: la fragilidad de los mecanismos democráticos dentro de los propios partidos.

El JNE y la ONPE, por su parte, cumplieron con su papel técnico y de supervisión. Pero la calidad de nuestra democracia no se mide solo en actas correctamente procesadas, sino en la capacidad de los actores políticos para ofrecer propuestas serias y equipos competentes. La exclusión de Acción Popular por irregularidades en su padrón interno es una advertencia: sin transparencia ni respeto a las reglas, no hay legitimidad posible.