Por Jorge Turpo R.

Obras del penal de Socabaya presentan fallas en la estructura. El órgano de control halló columnas mal llenadas, fierros expuestos y deterioro en todo lo avanzando porque pasaron cuatro años desde que se paralizó la obra. Empezó costando 65 millones de soles y terminará por encima de los 365 millones.

DEFICIENTE GESTIÓN Y DESPILFARRO DE RECURSOS

La ampliación del penal de Socabaya, una obra que debía aliviar el hacinamiento carcelario más grave de Arequipa, se ha convertido en un caso emblemático de mala ejecución, abandono y despilfarro de recursos públicos.

Un reciente informe de la Contraloría General de la República revela que la infraestructura construida presenta serios daños estructurales, producto de una ejecución deficiente, que hoy ponen en duda la viabilidad técnica y económica de retomar el proyecto paralizado desde hace más de cuatro años.

La obra, ejecutada directamente por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), fue adjudicada inicialmente con un presupuesto de 65 millones de soles. Sin embargo, según el órgano de control, el costo total estimado del proyecto se ha incrementado de manera exponencial hasta alcanzar los 365 millones de soles.

Sólo para culminar el saldo de obra, el expediente técnico actualizado establece que se requerirían más de 192 millones de soles adicionales, cifra que no considera los costos derivados de los daños estructurales detectados.

La Contraloría realizó una inspección física a inicios de diciembre y los hallazgos son contundentes.

El informe señala que varias estructuras presentan columnas de concreto mal ejecutadas, con vacíos evidentes y secciones incompletas, lo que compromete seriamente su capacidad portante.

En algunos casos, el concreto no cubre adecuadamente el acero de refuerzo, dejando los fierros expuestos a la intemperie, un defecto grave que acelera la corrosión y reduce la vida útil de la estructura.

El documento también advierte que estas deficiencias no son superficiales ni aisladas. Por el contrario, forman parte de un patrón de mala calidad constructiva que obliga a realizar evaluaciones estructurales profundas antes de cualquier intento de reinicio.

La Contraloría señala que será necesario determinar si las estructuras existentes pueden ser reforzadas o si, en algunos casos, corresponde su demolición parcial o total, lo que tendría un impacto directo en el costo final de la obra.

La situación se agrava por el prolongado abandono del proyecto. Al permanecer paralizada durante más de cuatro años, la infraestructura ha quedado expuesta a factores climáticos y ambientales sin medidas de protección adecuadas.

El informe identifica deterioro adicional en elementos constructivos debido a la falta de mantenimiento y conservación, una responsabilidad que recae directamente en la entidad ejecutora.

La obra quedó entrampada tras la resolución del contrato con la empresa constructora, decisión que, si bien fue adoptada por incumplimientos contractuales, no estuvo acompañada de una estrategia efectiva para asegurar la continuidad del proyecto.

El órgano de control cuestiona que el INPE no haya adoptado medidas oportunas para evitar el deterioro de lo ya ejecutado ni para acelerar la elaboración del expediente de saldo de obra, prolongando innecesariamente la paralización.

Este escenario resulta especialmente grave si se considera la situación del penal de Socabaya. Construido para albergar a unos 600 internos, actualmente tiene una población penitenciaria que supera los 2,400 reclusos.

El hacinamiento extremo no solo vulnera derechos fundamentales, sino que incrementa los riesgos de violencia, enfermedades y colapso del sistema penitenciario regional.

La ampliación debía ser una solución urgente, pero terminó siendo otro proyecto fallido del Estado.

RECOMENDACIONES

Pese a este panorama, la Contraloría ha formulado recomendaciones para intentar destrabar la obra.

Entre ellas, exige al INPE realizar una evaluación técnica integral de las estructuras existentes, deslindar responsabilidades administrativas y técnicas por las deficiencias detectadas y adoptar decisiones sustentadas que eviten seguir incrementando el perjuicio económico al Estado.

También advierte que cualquier nuevo proceso debe garantizar supervisión estricta y control permanente.

El cronograma proyectado plantea que la obra podría concluir recién en 2029. Para entonces, habrán pasado más de diez años desde su concepción inicial y el costo se habrá multiplicado varias veces.

El penal de Socabaya no es sólo una obra mal hecha, es el reflejo de cómo se planifican, ejecutan y abandonan proyectos públicos en Arequipa sin que nadie asuma responsabilidades reales.

Mientras las columnas agrietadas y los fierros oxidados siguen a la vista, la pregunta persiste: ¿quién responde por cientos de millones de soles comprometidos en una obra que hoy ni siquiera garantiza ser técnicamente recuperable?