Por: Carlos Meneses

En un contexto regional donde la movilidad humana seguirá creciendo, Perú y Chile deben fortalecer su papel como socios estratégicos. Proteger la frontera no significa levantar muros, sino establecer reglas claras, actuar con firmeza frente a la ilegalidad y, al mismo tiempo, respetar los derechos de las personas en situación de movilidad. El nuevo entendimiento entre ambos países es un paso en esa dirección: una frontera más segura y una relación bilateral más sólida.

El reciente acuerdo entre Perú y Chile para incrementar los patrullajes simultáneos en la frontera marca un avance significativo en la gestión compartida de un problema que trasciende límites geográficos: la migración irregular. La decisión, adoptada durante la segunda reunión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria, refleja una voluntad política de ambos gobiernos por enfrentar, de manera coordinada, los retos que se concentran en la línea que une —y a la vez separa— a Tacna y Arica.

Durante los últimos años, la frontera sur se ha convertido en un punto crítico. Miles de migrantes, procedentes principalmente de países caribeños y africanos, intentan cruzar por pasos no habilitados, muchas veces en condiciones inhumanas y bajo el control de redes dedicadas al tráfico de personas. Esta realidad no solo pone en riesgo vidas, sino que también tensiona las capacidades de seguridad y control migratorio de ambos países.

El compromiso asumido por las cancillerías de Lima y Santiago de intensificar los patrullajes conjuntos y mejorar el intercambio de información entre la Policía Nacional del Perú, Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile es, por tanto, una medida acertada. No se trata únicamente de aumentar la presencia policial, sino de actuar de manera coordinada, compartiendo datos estratégicos que permitan detectar movimientos irregulares, prevenir delitos y fortalecer la seguridad en los pasos fronterizos.

Asimismo, es positivo que el acuerdo contemple no afectar el tránsito de vehículos y carga. La frontera peruano-chilena no solo es un espacio de control, sino también de intenso intercambio comercial, y cualquier medida de seguridad debe garantizar la continuidad del flujo económico que sostiene a las regiones de Tacna y Arica.

La cooperación binacional es la única vía para enfrentar fenómenos como la migración irregular, el contrabando y la delincuencia transnacional. Pero más allá de los patrullajes y los acuerdos técnicos, lo que se necesita es mantener un diálogo político sostenido, que permita construir confianza mutua y consolidar mecanismos permanentes de coordinación.