Por Rocío Velazco C.

Roberto Chiabra León, congresista y candidato presidencial por la alianza Unidad Nacional, sostiene que el Gobierno no logra frenar la ola de violencia y pide bajar el tono político ante un escenario de riesgo.

INSEGURIDAD Y CRISIS DE GOBERNABILIDAD

El Perú cierra el 2025 sumido en una de las mayores crisis de inseguridad de los últimos años. Los índices de criminalidad, lejos de descender, se han incrementado pese a los esfuerzos del gobierno encabezado por José Jerí, que asumió el poder con el compromiso de devolverle al país estabilidad política y seguridad ciudadana. Sin embargo, los resultados hasta el momento son limitados, y la sensación de miedo se ha instalado tanto en las calles como en la campaña electoral que se avecina.

El congresista y candidato presidencial Roberto Chiabra, exjefe del Ejército y una de las voces a más firmes en temas de defensa y orden interno, advierte que el clima de violencia y crispación verbal podría ser caldo de cultivo para hechos aún más graves durante el proceso electoral de 2026.

“Creo que la solución es bajarle el nivel de violencia verbal que todos tenemos. Cuando se comienza a tener un lenguaje muy agresivo, las consecuencias son estas. Todos debemos mantener un lenguaje equilibrado, debatir las propuestas y no la descalificación de otros. Eso genera un ambiente violento”, afirmó Chiabra.

MIEDO E IMPUNIDAD

El diagnóstico del legislador coincide con la percepción de amplios sectores ciudadanos. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), ocho de cada diez peruanos considera que la inseguridad ha empeorado respecto al año anterior, y más del 60 % no confía en la Policía Nacional ni en el sistema judicial.

En regiones como Arequipa, el problema ha adquirido dimensiones alarmantes: sicariatos, robos a mano armada, extorsiones y cobros de cupos afectan tanto a comerciantes como a transportistas. El auge de bandas organizadas, muchas de ellas provenientes del norte y del extranjero, ha generado un clima de tensión que amenaza la estabilidad económica local.

“El gobierno tenía dos grandes tareas: bajar los niveles de violencia y garantizar elecciones limpias y seguras. Ninguna de esas metas se está cumpliendo”, lamenta Chiabra. “Si el Ejecutivo no logra restablecer el control del orden interno, el proceso electoral será muy complicado”.

CRIMEN ORGANIZADO EMPEORA

El panorama se agrava por la expansión del crimen organizado, que ha infiltrado diversas actividades económicas. Desde el narcotráfico y la minería ilegal hasta la trata de personas y la extorsión, las redes criminales han encontrado en la debilidad institucional un terreno fértil para operar.

En el sur, la región Arequipa no es ajena a esta realidad. Autoridades locales reconocen que existen mafias que se disputan territorios de cobro de cupos en la construcción civil, el transporte y la minería informal. Aunque el Gobierno Regional y los municipios han reforzado la coordinación con la Policía, las acciones aún resultan insuficientes.

“La delincuencia ha superado a las instituciones”, señala un analista en seguridad consultado. “Mientras no haya inteligencia policial efectiva ni una política nacional de prevención, seguiremos reaccionando en lugar de anticiparnos”.

Chiabra coincide con esa lectura. Para él, la respuesta del Ejecutivo ha sido “tardía y desordenada”. Pide medidas de emergencia sostenibles en el tiempo, no solo operativos coyunturales. “Si el Gobierno va a hacer finta, como lo está haciendo ahora, no lograremos ningún resultado. Corresponde poner a la gente de seguridad y designar policías a cada candidato, pero el problema va mucho más allá: se trata de devolverle autoridad y respeto al Estado”, subraya.

ESCENARIO ELECTORAL BAJO AMENAZA

El reciente atentado a balazos contra el precandidato Rafael Belaúnde encendió las alarmas sobre la vulnerabilidad de los políticos que participarán en la contienda de 2026. Para Chiabra, se trata de una señal inequívoca de que la violencia política, como la vivida en Colombia o Ecuador, podría replicarse en el Perú.

“Cualquiera de nosotros es vulnerable a un atentado. La inteligencia policial debe actuar con rapidez, y todos tenemos que cuidarnos. Ojalá que lo sucedido no tenga un móvil político, porque si no, vamos a tener muchos problemas”, advirtió.

El legislador incluso ironizó cuando se le consultó si el uso de chalecos antibalas sería una medida efectiva. “No creo que sirva, porque te apuntan a la cabeza y no pasa nada”, respondió, reflejando el nivel de desprotección que sienten los candidatos frente a la escalada criminal.

La vulnerabilidad no solo alcanza a los políticos. Comerciantes, transportistas y ciudadanos comunes viven bajo una amenaza constante. En los últimos meses, los asesinatos por encargo y las extorsiones se han multiplicado. El Ministerio del Interior reconoce que existen más de 140 organizaciones criminales activas en el país, muchas de ellas con conexiones internacionales.

AREQUIPA: ECONOMÍA EN RIESGO POR INSEGURIDAD

La inseguridad ciudadana ya empieza a tener un impacto visible en la economía regional. En Arequipa, empresarios de sectores como la construcción, la minería y el comercio advierten que el clima de temor retrasa inversiones y limita la generación de empleo.

Según la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, varios proyectos privados se encuentran paralizados o en evaluación debido a la falta de garantías para operar en determinadas zonas. El turismo, uno de los motores económicos más importantes de la región, también ha sido golpeado por la percepción de inseguridad.

“Si no se garantiza la seguridad, no habrá crecimiento sostenible. La confianza es el primer capital que necesita cualquier economía”, afirma un economista local.

Roberto Chiabra comparte esa preocupación. “Un país inseguro espanta la inversión. Nadie quiere arriesgar su dinero en un territorio donde las autoridades no controlan la violencia..

Para el legislador, la recuperación económica del país —y de Arequipa en particular— depende de restablecer el orden y la confianza ciudadana. “El sur tiene potencial para liderar el crecimiento del país, pero necesita estabilidad. Arequipa puede ser ejemplo de gestión, pero debe tener un Estado que la respalde”, añade.

Un llamado a la sensatez política

En medio de un ambiente cargado de tensiones, Chiabra también apunta a la responsabilidad de los actores políticos. Pide moderar el discurso y priorizar el debate de ideas sobre los ataques personales.

“Los candidatos debemos bajar el tono. Si seguimos promoviendo la confrontación, terminaremos alimentando el mismo clima violento que criticamos. El país necesita serenidad, no más caos”, enfatiza.

El congresista advierte que los próximos meses serán decisivos: el país se encuentra en una “línea delgada” entre la recuperación institucional y la profundización del desgobierno. “No podemos seguir improvisando. La seguridad no es un eslogan, es una política de Estado. Y si no se asume así, el Perú seguirá siendo rehén del miedo”, sentencia.

Entre la desconfianza y la esperanza

A menos de un año de las elecciones generales de 2026, el país enfrenta un doble desafío: reconstruir la seguridad pública y recuperar la confianza en sus instituciones. La gestión del presidente Jerí ha sido evaluada como débil en ambos frentes, lo que podría tener repercusiones directas en la gobernabilidad del próximo periodo.

El mensaje de Roberto Chiabra, aunque crítico, también busca abrir una ruta de reflexión. “La violencia no se combate solo con armas, sino con liderazgo, educación y ejemplo. El Estado debe recuperar el respeto y la autoridad moral que ha perdido”, afirma.

Mientras tanto, el país sigue expectante, mirando con incertidumbre el 2026. Entre el miedo, la desconfianza y la esperanza, el Perú se prepara para un proceso electoral en el que la seguridad —más que cualquier otra promesa— será la medida del verdadero cambio.