Dieciocho de 20 plazos de huelga fueron declarados ilegales en 2025
Huelgas se realizaron exigiendo condiciones y beneficios laborales.
Durante el 2025, Arequipa registró 20 huelgas realizadas por trabajadores exigiendo beneficios y condiciones laborales laborales. Aunque 18 fueron declarados improcedentes por incumplimientos formales, las medidas de fuerza se ejecutaron de todas formas. Desde la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (GRTPE) advirtieron que esto deja expuestos a los trabajadores a eventuales sanciones disciplinarias por parte de las empresas empleadoras.
Desde la Subgerencia de Prevención y Solución de Conflictos de la GRTPE explicaron que cuando una huelga se ejecuta sin autorización el empleador puede solicitar que la medida sea declarada ilegal. En dichos casos, las empresas pueden optar por medidas disciplinarias como llamadas de atención, suspensiones o, en situaciones más graves, despidos. Aunque ese accionar solo se justifica si el trabajador ya registra faltas o amonestaciones anteriores.
«Hay muchos casos en los que, a pesar de que las protestas no tienen autorización de la Autoridad de Trabajo, se realizan igualmente para expresar su reclamo. En esos escenarios, a pedido de la empresa, se declara la medida de fuerza como ilegal. (…) Generalmente son los sindicatos los que organizan estas acciones. En empresas sin organización sindical no hemos registrado este tipo de incidentes», expresó Alberto Sakaki Madariaga, subgerente de Prevención y Solución de Conflictos en la GRTPE.
Los conflictos laborales se concentran principalmente en los sectores comercio e industria. El último registrado en 2025 involucró a la empresa Cerro Verde, donde –pese a que la paralización fue declarada improcedente– se ejecutó durante tres días. La subgerencia opera con un equipo reducido, integrado por un asistente técnico y personal administrativo, además del apoyo de otras áreas y de tres jefaturas zonales, como en El Pedregal (Caylloma), Mollendo (Islay) y Camaná.
A pesar del alto número de plazos improcedentes, la dependencia regional logró desactivar la mayoría de los conflictos antes de que se materialicen. Sakaki Madariaga aseveró que aproximadamente el 90% de los casos se resolvió mediante reuniones y mesas de diálogo. Aunque en algunos procesos se requirió asistencia técnica desde Lima para facilitar los acuerdos. “Nosotros privilegiamos siempre el diálogo. La experiencia nos demuestra que, con conversaciones continuas, se logra acercar a las partes y encontrar una solución”, concluyó.
