Por: Carlos Meneses

Convertir el nuevo plan de seguridad en un eje de la estrategia nacional supone, en última instancia, reconstruir la confianza entre Estado y ciudadanía. Solo así el Perú podrá avanzar hacia un modelo de convivencia donde la ley se imponga al miedo y la seguridad deje de ser una promesa incumplida para transformarse en una garantía permanente.

El anuncio del presidente José Jerí sobre la presentación del nuevo plan de seguridad ciudadana marca un punto de inflexión necesario en la lucha contra la delincuencia en el Perú. No se trata solo de una nueva estrategia, sino de un intento por instaurar continuidad institucional en un terreno donde históricamente han prevalecido los cambios improvisados, los diagnósticos parciales y la falta de articulación entre los distintos niveles del Estado.

Durante la apertura del Año Judicial 2026, el mandatario subrayó un aspecto esencial: la seguridad no puede ser vista como un asunto de Gobierno, sino como una política de Estado. Esta afirmación encierra una verdad ineludible. Los ciudadanos no pueden seguir siendo rehenes de los vaivenes políticos ni de las disputas burocráticas que, por años, han desarticulado la respuesta frente al crimen organizado, el sicariato y la violencia cotidiana en nuestras calles.

En los últimos años, la inseguridad se ha consolidado como el principal temor de los peruanos, afectando la convivencia social, la inversión y la confianza en las instituciones. El reto del nuevo plan anunciado por Jerí radica en traducir las buenas intenciones en acciones sostenibles y coordinadas. Ello implica fortalecer la Policía Nacional, modernizar su equipamiento, mejorar la inteligencia operativa y, sobre todo, recuperar la presencia del Estado en los barrios, mercados y zonas periféricas donde el delito se ha enquistado.

El cambio de enfoque que plantea el presidente —dejar atrás prácticas ineficaces y apostar por estrategias renovadas— requiere más que discursos: necesita liderazgo político, recursos suficientes y mecanismos de evaluación transparentes. La lucha contra la delincuencia no puede seguir midiendo su éxito en operativos mediáticos, sino en la reducción efectiva de los delitos y la recuperación de la tranquilidad ciudadana.

Asimismo, el Poder Judicial, el Ministerio Público y los gobiernos locales deben integrarse de manera real y no solo formal a este esfuerzo. Sin una justicia rápida y un sistema penal eficaz, cualquier plan terminará siendo letra muerta.