Por Carlos Meneses

La crisis venezolana entra ahora en una nueva fase y, con ella, la oportunidad para que Perú reformule su política migratoria con visión de largo plazo, equidad y solidaridad. Este es un desafío que demanda responsabilidad, diálogo y liderazgo político. La historia y los derechos humanos así lo exigen.

La sorpresiva caída de Nicolás Maduro tras una intervención militar de Estados Unidos ha desencadenado un debate profundo sobre el futuro no solo de Venezuela, sino también de los países receptores de migrantes, entre ellos el Perú. En ese contexto, el excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay ha planteado la necesidad de una reforma migratoria estructural, apuntando a la implementación de políticas de retorno y de integración ajustadas a la nueva realidad regional.

Con la actual coyuntura geopolítica, el país debe aprovechar la oportunidad para replantear su enfoque migratorio, superando las respuestas reactivas y fragmentadas que han caracterizado la política pública durante los últimos años. En su opinión, se debe acentuar el retorno organizado de ciudadanos venezolanos que deseen volver a su país y, al mismo tiempo, diseñar mecanismos que permitan la integración de quienes decidan permanecer en el Perú de manera estable.

El argumento principal son informes de la Organización de las Naciones Unidas que estiman que solo alrededor de dos tercios de los venezolanos en el exterior retornarían voluntariamente a su país, siendo especialmente propensos a hacerlo los adultos y adultos mayores. El resto —principalmente jóvenes con familia y lazos socioeconómicos en el país receptor— tendería a quedarse, lo que exige políticas migratorias previsibles y sostenibles.

Este planteamiento no solo es oportuno sino también necesario. Perú ha sido uno de los destinos principales para migrantes venezolanos durante la última década. Sin embargo, la ausencia de una política migratoria integral ha generado tensiones sociales, presiones sobre servicios públicos y precariedad laboral para gran parte de esta población. Más allá de los discursos de rechazo o de apertura incondicional, lo que se requiere es una agenda pragmática y humanitaria capaz de equilibrar derechos, responsabilidades y necesidades tanto de la población migrante como de las comunidades receptoras.

Además, la propuesta de Rodríguez Mackay de retomar el liderazgo del Perú en mecanismos regionales como el Grupo de Lima es pertinente. La cooperación internacional y los esfuerzos concertados entre gobiernos son claves para enfrentar un fenómeno que trasciende fronteras. Latinoamérica necesita marcos de acción conjunta que fortalezcan la movilidad segura y ordenada, al mismo tiempo que garantizan la dignidad y los derechos humanos de quienes migran.

No obstante, cabe subrayar que cualquier política de retorno debe ser voluntaria, respetuosa del derecho internacional y de las libertades fundamentales. Forzar salidas o promover deportaciones masivas sería no solo inhumano, sino contraproducente y contrario a la tradición migratoria del Perú.