Agro, uno de los sectores más afectados por las lluvias e inundaciones. Durante 2025, la Gerencia Regional de Agricultura (GRAG) identificó alrededor de 13 mil hectáreas agrícolas en riesgo ante desbordes e inundaciones. Tras la declaratoria de emergencia, se busca intervenir la mayor cantidad posible de los 480 puntos críticos detectados y evitar pérdidas para los agricultores. Aunque ya se registran avances, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), las juntas de usuarios y los municipios provinciales y distritales requieren mayor articulación interinstitucional para concretar más intervenciones. Sin embargo, no dispondrán de recursos adicionales para ello.

EN PELIGRO 13 MIL HECTÁREAS

Mediante un trabajo coordinado con municipalidades y juntas de usuarios, la GRAG identificó inicialmente 415 puntos críticos en diversas cuencas de la región. Sin embargo, al incorporar información de Caylloma, Islay y Condesuyos —que no habían sido consideradas en la primera evaluación— la cifra se elevó a 480. Hasta la fecha, la gerencia concretó 33 intervenciones en los valles de Camaná, Castilla, Islay y Condesuyos, y proyecta culminar otras 20 en un plazo no mayor a 20 días. Aun así, el avance representa apenas el 11.04 % del total de áreas en riesgo.

La priorización de zonas responde a la vulnerabilidad de las infraestructuras hidráulicas. «Hemos intervenido los puntos más vulnerables. En los últimos meses del año el caudal del río comienza a disminuir y generalmente las bocatomas de los valles son afectadas por las crecidas. Por eso hemos priorizado esas reparaciones, al igual que el fortalecimiento de defensas ribereñas. Si bien es cierto, es insuficiente, pero como gerencia tenemos deficiencias presupuestales, motivo por el cual priorizamos lo más crítico», declaró Helard Nina Pachauri, gerente regional de Agricultura.

Para estas labores, la GRAG dispone de 33 equipos de línea amarilla, entre cargadores frontales, excavadoras, volquetes y tractores oruga. A ello se suma un pool de ocho equipos pertenecientes a municipios provinciales. No obstante, su operación depende de la transferencia de combustible por parte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Arequipa, un trámite que suele generar retrasos. Desde la gerencia esperan que la declaratoria de emergencia permita la contratación directa de maquinaria, con el fin de acelerar la atención de los puntos críticos.

El marco legal vigente también condiciona la respuesta. Mediante el Decreto Supremo N.° 003-2026-PCM, el Gobierno central declaró el estado de emergencia por 60 días calendario en 382 distritos del país ante el peligro inminente por precipitaciones pluviales, incluyendo a 38 distritos de las ocho provincias de Arequipa. Sin embargo, la norma establece que las intervenciones deberán financiarse con el presupuesto institucional de cada gobierno local o regional, sin recursos adicionales del Tesoro Público.

Ante la falta de recursos adicionales, la capacidad de respuesta dependerá de la coordinación operativa. La disponibilidad de maquinaria pesada y el abastecimiento de combustible requieren un trabajo conjunto entre gobiernos locales, juntas de usuarios y el COER. Según estimaciones de la GRAG, cada intervención demanda entre 800 y 1,500 galones de combustible, por lo que se busca conformar un comité de gestión que agilice la entrega y distribución de insumos ante el inicio de las lluvias en la parte alta de la región. de mitigación. Desde la GRAG reconocen que el escenario representa un reto operativo y financiero para la región.

Acorde a los pronósticos del Senamhi, las lluvias de moderada y alta intensidad iniciarán desde la segunda quincena de enero. En ese contexto, la magnitud del problema contrasta con el limitado tiempo disponible para ejecutar acciones preventivas y de mitigación. Desde la GRAG reconocen que el escenario representa un reto operativo. «Nuestro objetivo ahora es actuar antes de que ocurra el desastre. Con la declaratoria de emergencia, buscamos intervenir la totalidad de los puntos críticos registrados y no solo mitigar una fracción del riesgo. Tenemos una ventana de entre 15 a 20 días antes de que inicien las lluvias intensas y compliquen los trabajos”, afirmó Nina Pachauri.

Con la declaratoria de emergencia en vigencia, el foco se desplaza hacia los resultados. La atención se centra en cuántos de los 480 puntos críticos podrán ser atendidos durante los 60 días establecidos y si las intervenciones permitirán reducir el riesgo en los valles de Majes, Ocoña, Quilca y Tambo, donde se concentran extensas áreas agrícolas expuestas a desbordes de ríos y activación de quebradas, con antecedentes de pérdidas por inundaciones en las campañas 2024 y 2025.