Por: Carlos Meneses

El 17 de enero marcará, por tanto, una primera línea divisoria entre quienes logren articular proyectos colectivos y quienes insistan en aventuras solitarias. Las alianzas que se inscriban en los próximos días podrían definir el mapa político del país para los próximos cuatro años. Más allá del cálculo electoral, lo que se necesita son pactos programáticos sólidos, liderazgos transparentes y una genuina voluntad de servicio. El Perú requiere menos acuerdos de ocasión y más compromisos de futuro.

El calendario electoral avanza sin pausa y el reloj marca ya una cuenta regresiva decisiva. En apenas unos días, el próximo 17 de enero, vencerá el plazo para que las organizaciones políticas inscriban ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) las alianzas electorales con las que aspiran a competir en los comicios regionales y municipales del 2026. Es un hito clave en el camino hacia las primarias y, más adelante, hacia la elección del 4 de octubre, cuando el país elegirá gobernadores, vicegobernadores, consejeros, alcaldes y regidores.

El proceso, administrado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), se encuentra en una fase donde la estrategia pesa tanto como la ideología. Las alianzas no son meras sumas de siglas, sino apuestas políticas que buscan ampliar bases sociales, equilibrar liderazgos locales y fortalecer candidaturas en regiones donde la fragmentación se ha convertido en regla. Sin embargo, la experiencia reciente demuestra que muchas de estas coaliciones terminan siendo efímeras, unidas por la conveniencia electoral más que por una visión compartida de desarrollo territorial.

El plazo que está por vencer obliga a los partidos a mirar más allá de la coyuntura. Las elecciones subnacionales son, en muchos sentidos, el termómetro de la política real, aquella que se construye desde el contacto directo con la ciudadanía. En ellas se revelan los liderazgos emergentes, las demandas más urgentes y también los vacíos de representación que arrastra el sistema político peruano.

No deja de ser preocupante que, pese a la magnitud de lo que está en juego, buena parte de la ciudadanía permanezca distante o desinformada sobre el proceso de elecciones primarias. La participación interna, establecida por ley para democratizar la selección de candidatos, corre el riesgo de convertirse en una formalidad si los propios partidos no asumen el compromiso de abrirse realmente a la militancia y a la sociedad.