Transportistas informales generan caos y violencia en calles con total impunidad
Por Jorge Turpo R.
La municipalidad provincial rechazó la agresión a conductor de una empresa del SIT y exhortó a la ciudadanía a no respaldar ni utilizar servicios informales. Se exige mayor fiscalización de parte de la Policía.
AGRESIÓN EN PUENTE GRAU
La informalidad en el transporte público de Arequipa ha dejado de ser únicamente un problema de desorden urbano para convertirse en un serio foco de violencia. Lo que por hace años es tolerado como una “solución” ante la demanda de movilidad hoy muestra su rostro más peligroso: agresiones físicas, amenazas de muerte y un clima de permanente confrontación en calles y avenidas.
El reciente ataque contra un conductor y una cobradora de una unidad del Sistema Integrado de Transportes (SIT), perpetrado por colectiveros informales en el paradero del Puente Grau, es una señal alarmante de que la situación está llegando a un punto crítico.
Las llamadas “loncheritas” actúan con total impunidad. Aprovechando la débil presencia de la autoridad policial y municipal, se han apropiado de rutas estratégicas y paraderos en diversos distritos de la ciudad, comportándose como verdaderos dueños de la vía pública. Esta ocupación irregular no solo genera caos vehicular, sino que constituye una competencia desleal contra las empresas formales del SIT, que sí cumplen con exigencias técnicas, legales y de seguridad.
El regidor provincial, José Suárez Llerena, presidente de la Comisión de Transportes del Concejo Municipal, ha sido enfático al advertir que este es el momento de frenar el avance de la violencia.
“La situación puede desbordarse y llegar a escenarios incontrolables”, señaló, recordando que incluso existen amenazas de muerte contra conductores del sistema formal.
Para Suárez, lo ocurrido en el Puente Grau no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de la pérdida de control de la autoridad sobre el transporte informal.
Tras la agresión, Suárez ha pedido a la Procuraduría de la Municipalidad Provincial de Arequipa asuma el caso, formulando la denuncia y realizando el seguimiento correspondiente contra los responsables.
Suárez recordó que el municipio, en el marco del contrato del SIT, tiene la responsabilidad de brindar respaldo a las empresas formales y a sus trabajadores, quienes hoy se encuentran expuestos a ataques mientras cumplen su labor.
Por su parte, la Municipalidad Provincial de Arequipa, a través de un comunicado oficial, expresó su enérgico rechazo a la agresión en el Puente Grau y exhortó a la ciudadanía a no respaldar ni utilizar servicios informales.
El mensaje es claro, mientras exista demanda, la informalidad seguirá fortaleciéndose.
Frenar la violencia en las calles no solo es tarea de la autoridad, sino también de una población que debe entender que optar por lo informal es poner en riesgo su propia seguridad y la de toda la ciudad.
FISCALIZACIÓN
El problema de fondo sigue siendo la falta de fiscalización efectiva. No se trata solo de los inspectores municipales, sino principalmente de la Policía de Tránsito, que debe hacer prevalecer el Reglamento Nacional de Tránsito.
De aplicarse la norma con rigor, las “loncheritas” no podrían circular con la libertad con la que hoy lo hacen. La ausencia de control ha creado un escenario de permisividad que alienta conductas cada vez más violentas.
A esta problemática se suma la evidente irresponsabilidad con la que opera gran parte del transporte informal.
La semana pasada, en la zona de Apipa, en Cerro Colorado, un accidente protagonizado por una unidad informal dejó varios heridos que quedaron prácticamente en el desamparo. El vehículo no contaba con SOAT, por lo que los pasajeros no tuvieron cobertura para su atención médica.
Este no es un caso excepcional. Un informe de la Contraloría General de la República, emitido el año pasado, reveló que estas unidades no acceden al SOAT porque ninguna aseguradora les brinda el servicio al no cumplir con el reglamento vigente.
En su lugar, utilizan el AFOCAT o, en algunos casos, apenas un seguro particular, insuficiente ante accidentes graves.
Pese a ello, Suárez Llerena sostiene que sí es posible fiscalizar a estas unidades, ya que muchas están inscritas en empresas formales cuyos representantes están plenamente identificados.
Entre ellos figura Víctor Mendoza, dirigente del gremio de colectiveros informales, reconocido por distintas municipalidades y cuyas empresas operan actualmente con total impunidad.
Desde hace más de dos años, el gremio que lidera solicita permisos especiales temporales para seguir circulando mientras “adecuan” sus unidades, pedido que ha sido rechazado por la gestión del alcalde Víctor Hugo Rivera por carecer de sustento técnico y legal.
Mientras estas solicitudes se entrampan en el ámbito político y administrativo, la ciudad permanece envuelta en el caos y, ahora, en una creciente ola de violencia que puede cobrar víctimas fatales en cualquier momento.
Por ello, el regidor hizo un llamado directo al nuevo jefe de la Región Policial de Arequipa, general Antonio La Madrid, para que disponga un mayor control en calles y avenidas y se refuerce la fiscalización contra el transporte informal.
