Por: Carlos Meneses

Arequipa no puede resignarse a que la violencia y la informalidad sean parte de su paisaje diario. Defender a los inspectores es defender la autoridad, el orden y la vida de los ciudadanos. La ciudad necesita recuperar sus calles y su respeto por la ley. Y eso solo será posible cuando la autoridad actúe con firmeza, constancia y sin temor.

La violencia desatada contra los inspectores municipales de transporte no solo refleja el nivel de descontrol que impera en las calles de Arequipa, sino también la fragilidad de nuestras instituciones frente a una informalidad que se ha normalizado peligrosamente. Doce inspectores agredidos en un año, y ahora incluso un secuestro durante un operativo, constituyen hechos intolerables que exigen una respuesta firme y sostenida de las autoridades.

El transporte informal no es un fenómeno nuevo, pero sí uno que ha crecido a la sombra de la inacción. Miles de unidades circulan cada día sin autorización, sin SOAT, con licencias suspendidas o sin categoría para brindar servicio público. Ponen en riesgo la vida de los pasajeros, distorsionan el mercado y desafían abiertamente a la autoridad. La informalidad se ha convertido en un poder paralelo que opera con impunidad y violencia.

Frente a ello, la reciente coordinación entre la Municipalidad Provincial de Arequipa, la Policía Nacional y la Fiscalía de Prevención del Delito es un paso necesario, aunque tardío. Los operativos conjuntos deben sostenerse en el tiempo, no limitarse a acciones aisladas ni depender del entusiasmo momentáneo de las nuevas jefaturas policiales. La violencia no se combate solo con presencia, sino con estrategia, respaldo legal y compromiso político.

También es urgente fortalecer el cuerpo de inspectores. Noventa trabajadores para toda la ciudad son claramente insuficientes ante la magnitud del problema. La convocatoria de nuevos fiscalizadores y el diseño de turnos nocturnos son medidas positivas, pero deben ir acompañadas de seguridad, capacitación y respaldo jurídico frente a posibles agresiones. No se puede exigir orden sin proteger a quienes lo hacen cumplir.

La raíz del problema, sin embargo, sigue siendo estructural. Mientras el SIT no logre cubrir la demanda ciudadana con un servicio seguro, eficiente y predecible, la informalidad continuará ocupando el vacío. Por ello, el orden en el transporte no puede depender únicamente de sanciones: requiere planificación, inversión y voluntad política para reorganizar de verdad la movilidad urbana.