REFLEXIONES

Cada campaña electoral en el Perú repite el mismo libreto: candidatos que ofrecen bonos, prometen atraer inversiones y aseguran que el crecimiento económico llegará “si recuperamos la confianza”. Son mensajes que buscan tranquilizar, pero que evitan el debate de fondo: la verdadera causa del estancamiento peruano es institucional, no económica. Esta realidad, evidente desde hace años, adquiere mayor relevancia cuando se lee a autores como Daron Acemoglu y James Robinson, quienes en Por qué fracasan los países sostienen que las naciones no retroceden por falta de recursos, por su geografía o su cultura, sino por la debilidad de sus instituciones.

En el Perú, este debate sigue ocurriendo de manera periférica, cuando debería ocupar el centro de la discusión pública y, sobre todo, de las campañas electorales. Hoy, quienes compiten por gobernar el país prefieren hablar de inversión –un tema necesario, sin duda–, pero evitan discutir cómo reformar un Estado que no ejecuta, un Congreso que legisla sin visión y un sistema de partidos que no existe más allá del período electoral. Es evidente que la ausencia de esta discusión no es casual porque hablar de instituciones implica hablar de límites al poder, de transparencia, de meritocracia y de reglas claras que no siempre benefician a ciertos grupos de poder.

Continuar apelando únicamente a la inversión privada para crecer ya no es del todo suficiente. Ninguna economía avanza sostenidamente si sus reglas políticas son inestables, si la justicia es impredecible o si sus instituciones son funcionales a intereses particulares. Acemoglu y Robinson lo explican claramente: las instituciones políticas inclusivas generan incentivos para innovar, producir y competir; las instituciones extractivas, en cambio, bloquean el progreso y consolidan desigualdades. El Perú vive atrapado precisamente en ese segundo modelo, donde la debilidad institucional erosiona cualquier avance económico.

Si queremos un país capaz de romper su ciclo de avances y retrocesos, debemos exigir que la campaña se enfoque en reformas que toquen el corazón del problema: fortalecer partidos políticos, garantizar justicia autónoma y eficaz, recuperar la meritocracia en el Estado y ajustar las reglas electorales para promover responsabilidad y gobernabilidad. Nada de esto es sencillo, pero es indispensable. El Perú no puede seguir posponiendo el debate sobre su salud institucional mientras espera que la economía, por sí sola, haga el trabajo que la política no quiere hacer.

La solución a este estancamiento es política por sobre todo. Como sociedad, debemos asumir que el desarrollo no se sostiene sobre discursos, sino sobre instituciones capaces de proteger derechos, promover inversiones y generar confianza a largo plazo. Si dejamos que la campaña pase otra vez sin abordar este tema, estaremos eligiendo no un gobierno, sino la continuidad de nuestros mismos frenos estructurales.