Por: Carlos Meneses

Arequipa necesita un liderazgo que priorice la prevención sobre el espectáculo mediático de la emergencia. Los planes de defensa civil no pueden quedarse en papeles ni los presupuestos en la inercia burocrática. Es momento de que las autoridades asuman con seriedad su papel, dejen de improvisar y trabajen con una visión de largo plazo. De lo contrario, el próximo verano volveremos a escribir el mismo titular: “Arequipa en emergencia”. Y no habrá excusas que valgan.

Cada inicio de año, Arequipa repite la misma historia: lluvias intensas, calles anegadas, viviendas dañadas, familias damnificadas y autoridades que declaran la emergencia. Es un guion que se repite con exactitud y que pone en evidencia una realidad incómoda: la falta de prevención sigue siendo la gran deuda de las autoridades locales y regionales.

No es un fenómeno nuevo ni impredecible. En Arequipa siempre llueve. Lo sabemos los ciudadanos, lo saben los técnicos del Senamhi y, sobre todo, lo saben los alcaldes y el Gobierno Regional. Sin embargo, el mismo patrón de inacción se mantiene año tras año. Se anuncian obras de mitigación, se prometen limpiezas de torrenteras, se contratan estudios, pero en los hechos el trabajo se queda a medio camino o se ejecuta sin planificación ni mantenimiento.

Las consecuencias están a la vista: desbordes en los cauces naturales, vías colapsadas, puentes dañados, canales de evacuación bloqueados y poblaciones enteras que vuelven a perderlo todo. Lo que agrava la situación es que muchos de estos puntos críticos están plenamente identificados desde hace tiempo. En 2023, por ejemplo, la propia Autoridad Nacional del Agua advirtió la necesidad de reforzar márgenes y limpiar torrenteras antes de las lluvias. Pese a ello, la respuesta institucional fue tardía o insuficiente.

El Gobierno Regional de Arequipa, los municipios distritales y la Municipalidad Provincial comparten responsabilidades. No basta con reaccionar cuando la emergencia ya está encima ni con repartir ayuda humanitaria o maquinaria. La verdadera gestión de riesgo implica planificación, inversión sostenida y ejecución oportuna. Los recursos existen, y los mecanismos de prevención también; lo que falta es voluntad política, articulación y capacidad técnica para anticiparse al desastre.

El cambio climático agrava la vulnerabilidad de la región, pero no puede seguir siendo la excusa. Los deslizamientos, las inundaciones y los daños en infraestructura pública son el reflejo de una gestión reactiva, que actúa solo cuando el daño ya está hecho.