Por Carlos Meneses

El Gobierno ha dado un paso importante al fortalecer el marco penal y restablecer la autoridad del Estado. Ahora le corresponde asegurar que la ley se cumpla en el territorio, sin excepciones ni pactos de silencio. La minería ilegal es un enemigo del desarrollo sostenible. Enfrentarla con decisión y justicia es un compromiso que el país no puede seguir postergando.

El decreto legislativo aprobado por el Consejo de Ministros para endurecer las sanciones penales contra la minería ilegal constituye una decisión necesaria y oportuna. Se trata de un delito que, más allá de la extracción irregular de recursos, representa una amenaza directa contra el medio ambiente, la salud pública, la seguridad ciudadana y la economía formal.

En regiones como Arequipa, Puno y Madre de Dios, donde la actividad minera tiene un peso histórico, la línea entre lo formal, lo informal y lo ilegal ha sido por años difusa. Era urgente que el Estado recupere el control.

Con la nueva norma, se incrementa la pena mínima del delito de minería ilegal y se incorporan conductas que hasta ahora escapaban al castigo, como las actividades de beneficio y el tráfico ilícito de recursos minerales. De esta manera, el Estado podrá intervenir no solo en la extracción, sino también en el acopio, transporte y comercialización de los minerales obtenidos ilícitamente. Se cierran así vacíos legales que favorecían la impunidad y permitían el crecimiento de organizaciones criminales que operan con maquinaria pesada y financiamiento transnacional.

La medida también restablece la competencia de las fiscalías especializadas y permite aplicar técnicas modernas de investigación. Es un avance importante para enfrentar redes que no solo degradan los ecosistemas, sino que corrompen instituciones y desplazan comunidades enteras. En zonas como La Rinconada, en Puno, o Caravelí y Chala, en Arequipa, el impacto ambiental y social de la minería ilegal ha sido devastador. La contaminación con mercurio y cianuro afecta los ríos, los cultivos y la salud de miles de familias.

Sin embargo, la acción punitiva no será suficiente si no se acompaña de un esfuerzo sostenido por formalizar a quienes quieren trabajar dentro de la ley. El sur peruano necesita políticas diferenciadas que promuevan la minería responsable, el desarrollo de tecnologías limpias y alternativas económicas para las poblaciones atrapadas entre la pobreza y la ilegalidad.