PERÚ COMPETITIVIDAD

Una de las principales razones por las que el Perú, durante los años posteriores a la pandemia, ha registrado déficits fiscales consecutivos es el notable incremento de las planillas del Estado. En el 2023, se registró un déficit fiscal de 2,7% cuando el tope era de 2,4%, mientras que en 2024 el déficit fiscal ascendió a 3,5% a pesar de que el límite era de 2,8%. Recién en 2025, de acuerdo con las estimaciones del BCRP, el déficit fiscal estaría en 2,2%, al mismo nivel de la regla fiscal vigente.

Según estimaciones realizadas por el Consejo Privado de Competitividad (CPC) con cifras al cierre del año pasado, entre 2021 y 2025 el gasto en personal y obligaciones sociales del sector público se incrementó en 29%, lo que equivale a más de S/ 19 mil millones adicionales en gasto remunerativo. Los gobiernos locales registraron el mayor aumento relativo (+41,1%), seguidos por los gobiernos regionales (+33,4%) y el gobierno nacional (+23,6%).

El aumento del gasto total en planillas estuvo asociado principalmente a un mayor salario por trabajador, más que a un incremento en el número de empleados públicos. Así, a noviembre de 2025, la población económicamente activa (PEA) del sector público aumentó apenas 2,5% respecto a 2021, lo que evidencia que el crecimiento del gasto estuvo impulsado fundamentalmente por mayores remuneraciones promedio y no por un aumento proporcional del personal. Por ello, no sorprende que, a diciembre de 2025, el ingreso promedio del sector público haya sido 13% superior al del sector privado.

La situación en Arequipa sigue la misma tendencia de crecimiento que se observa a nivel nacional. El GORE Arequipa registró un crecimiento del gasto en personal y obligaciones sociales de 22,1% entre 2021 y 2025, equivalente a S/ 311 millones adicionales. Si bien Arequipa es el gobierno regional cuyo gasto en este concepto fue el que menos creció porcentualmente, comparándolo con el resto de los gobiernos regionales, el aumento del gasto en planillas representó el 45% del gasto en inversiones del GORE Arequipa en 2025.

Por su parte, los gobiernos locales de Arequipa registraron un crecimiento significativamente mayor del gasto en personal y obligaciones sociales (+54,3%) entre 2021 y 2025. Este aumento se dio en paralelo con fuertes incrementos del gasto ejecutado en funciones específicas, destacando Turismo (+115,9%), Orden público y seguridad (+93,7%) y Transporte (+74,7%).

Un aumento del gasto en remuneraciones, en principio, no resultaría problemático si los incrementos estuvieran ligados a un sistema meritocrático que premie a los trabajadores públicos que cumplen adecuadamente sus funciones. No obstante, no solo es posible observar que problemas públicos como la inseguridad ciudadana, la pobreza o el nivel educativo no muestran mejoras significativas, sino que además la mayoría de los aumentos salariales se viene asignando de manera no meritocrática.

Por ejemplo, el sueldo base de un docente, que a inicios de 2021 era de S/ 2 400, para 2026 ha aumentado a S/ 3 500. Este incremento cercano al 50% (y superior al 125% si se compara con 2012) no ha estado asociado a ninguna evaluación de desempeño docente. Incluso, para recibir el aumento, los docentes no deben rendir una prueba de ascenso para acceder a una escala superior en la carrera magisterial; aun manteniéndose en el mismo nivel, reciben los incrementos correspondientes.

Para solucionar la gran cantidad de problemas públicos que enfrenta el país existen múltiples caminos. Sin embargo, en cualquier escenario es indispensable contar con un grupo de servidores públicos de alto nivel, comprometidos con su labor y capaces de proponer soluciones innovadoras y efectivas para atender a la población. Incrementar los sueldos de los servidores públicos sin criterios meritocráticos genera incentivos perversos altamente perjudiciales: los trabajadores carecen de estímulos para mejorar su desempeño como servidores públicos, pues, independientemente de su rendimiento, recibirán aumentos salariales. De persistir esta dinámica, el país corre el riesgo de destinar una mayor proporción de su presupuesto a un uso poco eficiente, lo que limitará la capacidad del Estado para generar bienestar y solo retrasará el desarrollo del Perú.