Un grupo de 13 contratistas que brindaron servicios de emergencia durante 2025 exige al Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Arequipa el pago por los trabajos ejecutados en la atención de derrumbes y otras contingencias. Aunque el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) conformó un comité para viabilizar el reconocimiento de la deuda, hasta el momento no se han definido plazos concretos para efectuar los desembolsos. Los afectados consideran este escenario preocupante, debido a que existen proveedores impagos desde el periodo 2024.

SIN CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE LLUVIAS

Tras exponer el adeudo a finales de 2025, ayer un grupo de excontratistas acudió al Consejo Regional de Arequipa (CRA) y aseguró que el COER no otorgó conformidad a los servicios prestados en 2025. Esta situación estaría dificultando la gestión del pago de alrededor de S/22 millones a por lo menos 24 proveedores que participaron en la atención de emergencias viales y derrumbes durante ese año. Samuel Otazú, abogado de los excontratistas, cuestionó la actuación institucional. «Según la ley de contrataciones con el Estado, la deuda debió cancelarse entre 10 y 15 días posteriores. Algunos van a cumplir un año sin recibir pago», declaró.

El problema no se limita a los proveedores del último año. Existen antecedentes de impagos correspondientes al periodo 2024, situación que —según lo indicado desde el COER— se habría originado por la falta de disponibilidad presupuestal para cumplir con los desembolsos. Este escenario fue expuesto ante el pleno del Consejo Regional. Cabe precisar que dichos impagos se registraron durante la gestión de José Luis Barrezueta Reyes, exjefe del COER, quien fue separado del cargo en octubre de 2025, antes del inicio de la temporada de lluvias del presente año.

Ante los cuestionamientos, Juan Francisco Portilla Alvarado, jefe del COER Arequipa, explicó que el GRA optó por aplicar la figura del reconocimiento de deuda, contemplada en la normativa de contrataciones públicas, lo que permitirá efectuar los pagos de manera progresiva. Antes de autorizar los desembolsos, cada proveedor deberá sustentar de forma individual la ejecución de los servicios prestados. «Además de los 24 proveedores, hay un segundo y un tercer paquete que se atenderán posteriormente. Sin embargo, este grupo será el primero en ser evaluado», refirió.

El proceso será revisado por las oficinas regionales de Administración, Logística, Planeamiento y Presupuesto, así como por Asesoría Jurídica del GRA. No obstante, Portilla Alvarado admitió que aún no se cuenta con un cronograma de pagos ni con información detallada sobre el respaldo presupuestal disponible. «El reconocimiento de deuda es un trámite administrativo que se hace proveedor por proveedor y debe ser evaluado por las áreas competentes. En estos días ya se están reuniendo y nos convocarán para participar, pero el pago no será inmediato ni en un solo desembolso», sostuvo.

Respecto a las deudas registradas en años anteriores, Portilla Alvarado señaló que la falta de disponibilidad presupuestal y las observaciones administrativas influyeron en los retrasos. «No es la primera vez que ocurre. En otros años hubo grupos que no pudieron ser atendidos oportunamente y pasaron por procesos similares, por eso ahora se está revisando cada caso de manera individual para proceder conforme a ley», indicó.

SIN PRESUPUESTO PARA EMERGENCIAS

Ante el pronóstico de lluvias intensas en febrero, Portilla Alvarado informó que se gestionan recursos adicionales para atender las emergencias registradas en la región, luego de que 38 distritos fueran declarados en emergencia. Actualmente, las afectaciones se concentran principalmente en vías de comunicación, campos agrícolas y algunas viviendas, mientras el presupuesto regular aún no termina de aprobarse a nivel regional.

En el marco del Decreto Supremo de Emergencia N.° 03, el COER solicitó un presupuesto adicional de S/7 millones para intervenir de manera inmediata en los puntos críticos identificados. A diferencia de otros años, el decreto no fija un monto específico, sino que autoriza a los gobiernos regionales y locales a reorientar partidas internas para la atención de emergencias. «Estamos solicitando un presupuesto importante porque se han declarado 38 distritos en emergencia y para cada uno se debe considerar recursos para intervenir de inmediato. Ya tenemos un mapeo de los puntos críticos y fichas listas para comenzar las intervenciones», señaló.

El funcionario detalló que el COER tiene nueve fichas de emergencia en espera de financiamiento, principalmente en las provincias de Islay, Camaná, Caravelí, Castilla y La Unión, las cuales involucran trabajos con maquinaria pesada y combustible. Añadió que la atención prioriza zonas donde el incremento de caudales amenaza carreteras y áreas agrícolas, como Castilla Alta, Camaná y sectores del valle del Tambo.