José Jerí prestó declaraciones sobre caso Chifagate. El presidente de la República, José Jerí, declaró este jueves ante el Ministerio Público en el marco de la investigación preliminar que se le sigue por los presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias en agravio del Estado, vinculados al denominado caso ‘Chifagate’.

POR CASO CHIFAGATE

Desde las 9:00 de la mañana, el mandatario fue interrogado por el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, quien acudió hasta Palacio de Gobierno acompañado por su equipo fiscal para desarrollar la diligencia de carácter reservado. De acuerdo con la información oficial, Jerí decidió ejercer su derecho de declarar dentro de la sede del Ejecutivo, amparado en una sentencia del Tribunal Constitucional emitida a raíz del caso de la expresidenta Dina Boluarte, que permite a un jefe de Estado escoger el lugar donde rendirá su manifestación y limitar su participación a un máximo de dos sesiones.

El fiscal Gálvez llegó a Palacio alrededor de las 8:37 a. m., junto con el fiscal adjunto supremo Ronald Flores Ñáñez y el fiscal provincial Peter Paul Miranda Rojas. En la diligencia también participaron la procuradora general del Estado, María Aurora Caruajulca, y los procuradores Mario Camacho Lasarte y Víctor Chumpitaz, quienes representan los intereses del Estado peruano en el proceso.

Pasado el mediodía, Tomás Gálvez anunció que el presidente autorizó el levantamiento del secreto de sus comunicaciones, una medida que permitirá a la Fiscalía acceder a los registros de llamadas, correos y otros medios de contacto en el periodo investigado. Según precisó, esta disposición se adoptó a pedido del propio mandatario, “como muestra de su voluntad de transparencia y colaboración con las investigaciones”.

EL CASO CHIFAGAE

El interrogatorio de este jueves busca esclarecer las reuniones no registradas que el jefe de Estado habría sostenido con empresarios de origen chino. El caso, bautizado mediáticamente como ‘Chifagate’, tiene como punto de partida una cita reservada ocurrida el 26 de diciembre de 2025 en un restaurante de San Borja, donde Jerí fue visto con el empresario Zhihua Yang, representante de un consorcio con contratos vigentes con el Estado.

Según las versiones difundidas en medios de comunicación, la reunión no fue registrada en la agenda oficial de Palacio de Gobierno ni en los informes de la Secretaría General de la Presidencia, como exige el reglamento de transparencia de altos funcionarios.

En su defensa, el presidente José Jerí argumentó que el encuentro fue “estrictamente social” y que tuvo como motivo la conmemoración del Día de la Amistad Perú-China, celebrado por la comunidad empresarial de ambos países. “No hubo ninguna gestión ni conversación relacionada con temas del Estado”, habría manifestado el mandatario durante su declaración ante el fiscal.

No obstante, la Fiscalía busca determinar si esa reunión y otras citas no reportadas podrían haber derivado en actos de patrocinio indebido o favorecimiento irregular a empresas con vínculos comerciales con el Estado peruano.

REUNIONES

Además del encuentro con Zhihua Yang, los investigadores indagan sobre los ingresos al Palacio de Gobierno del empresario Ji Wu Xiaodong, quien cumple arresto domiciliario mientras es procesado por tráfico ilegal de madera. De acuerdo con reportes periodísticos, Ji Wu habría ingresado hasta en tres ocasiones entre diciembre y enero, acompañado por Zhihua Yang, pese a su condición judicial.

La Procuraduría solicitó al Ministerio Público la verificación de los registros de ingreso y salida del Ejecutivo, así como la identificación de funcionarios que habrían autorizado su acceso.

Otro episodio que forma parte del expediente fiscal es el ocurrido el 6 de enero de 2026, cuando el presidente José Jerí fue visto ingresando al local de la empresa Market Capón S.A.C., en el Cercado de Lima, que había sido clausurado horas antes por la Municipalidad de Lima por incumplir normas de seguridad. Aunque el mandatario aseguró que su visita fue “casual” y que solo acudió “a comprar caramelos”, la Fiscalía investiga si existió algún tipo de injerencia o presión para reabrir el establecimiento.

DILIGENCIA

La declaración de Jerí ante el Ministerio Público se considera un momento decisivo dentro de la investigación preliminar, que busca determinar si hubo uso indebido del cargo presidencial para beneficiar a empresarios particulares.

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que el fiscal Gálvez ha solicitado documentación complementaria sobre los contratos suscritos por empresas vinculadas a Zhihua Yang y Ji Wu con distintas entidades del Estado. Asimismo, se revisarán los movimientos de llamadas y mensajes registrados en los equipos de comunicación del mandatario y su entorno más cercano.

El caso ‘Chifagate’ ha generado un impacto político inmediato. Diversas bancadas del Congreso han pedido la comparecencia de los ministros Vicente Tiburcio (Interior) y Luis Enrique Bravo (Energía y Minas) ante la Comisión de Fiscalización, que indaga las posibles conexiones entre el Ejecutivo y las empresas investigadas. Ambos ministros deberán presentarse el lunes 2 de febrero para responder por los alcances del caso.

Mientras tanto, desde el Ejecutivo se insiste en que el presidente Jerí “coopera plenamente con la justicia” y que el levantamiento de su secreto de comunicaciones demuestra que “no tiene nada que ocultar”. En tanto, la Fiscalía evaluará en las próximas semanas si amplía la investigación preliminar o formula cargos formales.

El desarrollo de este caso será determinante para medir el nivel de transparencia y rendición de cuentas del gobierno actual, en un contexto de creciente desconfianza ciudadana y tensiones entre el Congreso y el Ejecutivo.