Por Carlos Meneses

Hoy, el país espera algo más que declaraciones protocolares. Espera gestos de responsabilidad, datos verificables y compromisos de corrección institucional. Si el Ejecutivo quiere recuperar la confianza ciudadana, deberá hacerlo no solo con palabras, sino con hechos que demuestren que la rendición de cuentas no es una formalidad, sino un principio inquebrantable del Estado democrático.

La comparecencia de los ministros Vicente Tiburcio (Interior) y Luis Enrique Bravo (Energía y Minas) ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, hoy lunes 2 de febrero, representa un nuevo capítulo en el caso conocido como “Chifagate”, que ha sacudido los cimientos de la gestión presidencial. El grupo parlamentario busca esclarecer las reuniones no oficiales sostenidas por el presidente José Jerí con empresarios y proveedores del Estado, un hecho que, de comprobarse, configuraría un grave atentado contra la transparencia gubernamental.

La Fiscalización parlamentaria no puede ni debe entenderse como una persecución política, sino como una herramienta legítima de control democrático. Es precisamente en momentos como este cuando el Congreso debe demostrar que su función de vigilancia responde al interés público y no a cálculos partidarios. Los ministros convocados están obligados a ofrecer explicaciones claras, documentadas y coherentes sobre su participación, conocimiento o silencio respecto a los hechos en cuestión.

La falta de respuestas sólidas o el intento de evadir responsabilidades solo profundizarían la crisis de credibilidad que atraviesa el Ejecutivo. La ciudadanía observa con creciente desconfianza cómo los escándalos de tráfico de influencias y las reuniones extraoficiales minan la confianza en las instituciones. En ese contexto, la actuación del Parlamento debe ser firme, pero también responsable: no basta con interpelar; es necesario llegar a conclusiones verificables y sanciones efectivas.

El caso “Chifagate” no solo interpela a los ministros, sino a todo el aparato estatal. Pone en cuestión los mecanismos de transparencia, la ética pública y la consistencia del discurso anticorrupción que cada gobierno promete y pocos cumplen. La defensa de la institucionalidad exige respuestas inmediatas, acceso a la información y rendición de cuentas, pero también reformas de fondo que impidan la repetición de prácticas que favorecen intereses privados por encima del bien común.