Solicitan convocar Pleno extraordinario para debatir vacancia de José Jerí

El congresista Segundo Montalvo pidió a los voceros de las 13 bancadas acelerar el debate de la séptima moción de vacancia contra el presidente, en medio del caso ‘Chifagate’.

ES PRIORIDAD AFRONTAR CRISIS POLÍTICA

La crisis política que enfrenta el Gobierno de José Jerí volvió a intensificarse. El congresista Segundo Montalvo, de Perú Libre, formalizó un pedido a los voceros de las trece bancadas parlamentarias que integran la Junta de Portavoces del Congreso, solicitando la convocatoria urgente a un Pleno extraordinario para debatir la moción de vacancia presidencial presentada el pasado 26 de enero.

El documento, remitido de forma individual a cada portavoz, argumenta la necesidad de abordar sin demora la crisis política y social que atraviesa el país, y exhorta al Congreso a priorizar el debate sobre la salida del mandatario. “Resulta urgente la realización de una sesión extraordinaria del Pleno para abordar la crisis política que afronta nuestro país, en resguardo de los intereses del Estado y de la población en su conjunto”, señala el oficio firmado por Montalvo.

De aprobarse la solicitud, sería la séptima moción de vacancia que enfrenta José Jerí desde que asumió el cargo, lo que refleja el nivel de confrontación y desconfianza política que predomina entre el Ejecutivo y el Parlamento.

ARGUMENTOS DE LA MOCIÓN

La moción de vacancia, sustentada en el numeral 2 del artículo 113 de la Constitución —que permite destituir al jefe de Estado por incapacidad moral permanente—, enumera una serie de hechos que, según sus promotores, evidencian una gestión irregular, falta de transparencia y omisiones en materia de seguridad ciudadana.

El primer argumento se centra en la aprobación del Decreto de Urgencia N.º 010-2025, emitido el 31 de diciembre de 2025, mediante el cual el Ejecutivo dispuso la reorganización patrimonial de Petroperú S.A. y la transferencia de activos a bloques patrimoniales, delegando además a PROINVERSIÓN la gestión del proceso. La norma autorizó transferencias financieras por S/ 240 millones al Ministerio de Energía y Minas y S/ 144 millones a PROINVERSIÓN.

Para los legisladores firmantes, estas decisiones representarían una “gestión indebida de recursos financieros sin sustento técnico ni jurídico” y abrirían la puerta a una privatización encubierta de una empresa estatal estratégica, sin evaluación socioeconómica. Además, advierten que ello podría comprometer inversiones superiores a USD 6.500 millones en la Nueva Refinería de Talara y afectar a miles de trabajadores.

CASO CHIFAGATE Y REUNIONES NO REGISTRADAS

Otro de los fundamentos más controvertidos de la moción está vinculado al denominado caso “Chifagate”, revelado por un programa televisivo. Según la denuncia, el presidente José Jerí se reunió el 26 de diciembre de 2025 con el empresario chino Zhihua Yang en el restaurante Xin Yan de San Borja, en una cita no registrada en el portal de transparencia de Palacio de Gobierno.

El reportaje mostró que el mandatario llegó al local en un vehículo oficial, con vestimenta informal y acompañado de personal de seguridad, a una actividad que no figuraba en su agenda pública. En el mismo edificio funcionarían oficinas vinculadas a empresas relacionadas con Yang, algunas de las cuales habrían contratado servicios de allegados al entorno presidencial.

Aunque Palacio de Gobierno intentó justificar la reunión como parte de los eventos por el Día de la Confraternidad Peruano-China, la embajada de China en Lima negó cualquier participación diplomática en el encuentro, lo que incrementó las sospechas sobre un presunto conflicto de intereses.

CUESTIONAMIENTOS

La moción también critica la falta de políticas efectivas de seguridad ciudadana, especialmente en el sector transporte. De acuerdo con cifras oficiales citadas en el documento, durante 2025 se registraron 2.213 homicidios vinculados al transporte, además de 40.000 denuncias por robo y más de 30.000 por extorsión. Los congresistas acusan al Ejecutivo de “total descuido y falta de voluntad política” al no reglamentar la Ley N.º 32490, que busca combatir la extorsión y el sicariato en el sector.

PANORAMA INCIERTO

Los oficios fueron remitidos a los voceros Jorge Montoya (Honor y Democracia), Edwin Martínez (Acción Popular), César Revilla (Fuerza Popular), Norma Yarrow (Renovación Popular), Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), José Williams (Avanza País), Pasión Dávila (Bancada Socialista), Edgardo Reymundo (Bloque Democrático Popular), Héctor Valer (Somos Perú), José Luna (Podemos Perú), Guido Bellido (Perú Bicentenario), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú–Voces del Pueblo) y Flavio Cruz (Perú Libre).

Hasta el cierre de esta edición, la Junta de Portavoces no había confirmado la convocatoria del Pleno extraordinario, aunque fuentes parlamentarias adelantaron que el tema será evaluado en la sesión del lunes. Si la moción alcanza las 26 firmas requeridas y se aprueba su debate, podría votarse en un Pleno decisivo a fines de la próxima semana, lo que marcaría un nuevo punto de tensión entre el Congreso y el Ejecutivo.

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