Por: Carlos Meneses

Si los municipios —como el de Paucarpata— no asumen su deber de fiscalizar cada sol invertido, la historia seguirá repitiéndose. Y la “mala inversión” seguirá siendo, lamentablemente, una mala costumbre.

El reciente informe de la Contraloría sobre la obra vial en la Asociación José María Arguedas, en Cerro Colorado, vuelve a poner sobre la mesa un problema estructural que se repite con alarmante frecuencia en Arequipa y en el país: las obras públicas mal ejecutadas. Pistas recién inauguradas que se agrietan, veredas desniveladas, acabados deficientes y presupuestos millonarios que se esfuman sin resultados duraderos. La historia se repite en distritos como Cerro Colorado, Paucarpata y Socabaya, y también en las grandes ciudades del Perú.

La responsabilidad política y técnica recae, en primer lugar, en las autoridades municipales. En el caso de Cerro Colorado, la gestión del alcalde Manuel Vera Paredes debe responder por una inversión superior a 13 millones 800 mil soles que hoy exhibe rajaduras y fallas estructurales. Pero este no es un hecho aislado. Basta recordar los múltiples informes de control que en los últimos años han observado obras similares en Paucarpata, donde proyectos de mejoramiento urbano también fueron cuestionados por deficiencias en los materiales y la ejecución.

La recurrencia de estos casos evidencia una falla sistémica en la gestión de la obra pública: se licita sin una adecuada planificación, se ejecuta con supervisiones complacientes y se inaugura sin asegurar calidad ni durabilidad. El resultado es el mismo: los ciudadanos pagan dos veces. Primero, con sus impuestos; después, con su paciencia, cuando las pistas recién hechas vuelven a romperse.

Paucarpata es un ejemplo emblemático. En ese distrito, varias obras de pavimentación ejecutadas en los últimos años mostraron deterioro prematuro, pese a los elevados montos invertidos. La historia de Cerro Colorado, por tanto, no sorprende: es el reflejo de una cultura de improvisación y falta de control que socava la confianza en la administración pública.

La Contraloría ha advertido que la obra no debe ser recepcionada mientras no se subsanen las observaciones. Esa advertencia debe tomarse en serio. Las autoridades locales no pueden cerrar los ojos ni ceder a la presión política de inaugurar obras a toda prisa. Recibir una infraestructura deficiente es consagrar la impunidad técnica y administrativa.

Arequipa no necesita más pistas parchadas ni veredas con grietas. Necesita gestiones responsables, supervisiones reales y empresas constructoras competentes. La infraestructura pública debe ser un símbolo de progreso, no un recordatorio de la mala gestión.