Por Jorge Turpo R.

El nuevo dirigente de Construcción Civil, Lugue Espinoza, indica que solo tres de cada diez trabajadores de su gremio tienen trabajo actualmente. Reclama a las autoridades a mejorar el gasto y no paralizar más obras.

SECRETARIO DE CONSTRUCCIÓN CIVIL, LUGUE ESPINOZA

El sindicato más fuerte y, a la vez, más temido de Arequipa tiene nuevo dirigente. Su fama no es gratuita: sus protestas han sido históricamente contundentes y, en más de una ocasión, han terminado desbordándose en hechos de violencia. El nuevo secretario general del Sindicato de Construcción Civil, Lugue Espinoza, asegura que su gestión apostará primero por el diálogo, aunque advierte que este solo tiene sentido si trae respuestas concretas en favor del obrero. En la siguiente entrevista, Espinoza aborda la paralización de las obras públicas, la falta de inversión que se traduzca en empleo, las irregularidades en proyectos regionales y la defensa de derechos laborales que, asegura, hoy se vulneran con impunidad.

—¿Cómo empieza este 2026 para los obreros de construcción civil en Arequipa?

Empieza muy mal. Nosotros hemos asumido esta gestión hace aproximadamente 20 o 25 días y lo primero que hemos encontrado es una situación crítica: una altísima desocupación en el sector. Si hacemos una estadística general, de cada diez trabajadores, apenas tres o cuatro están trabajando. El resto está completamente desocupado o buscándose la vida en otros rubros.

—¿A qué se debe esta falta de empleo? ¿No hay inversión pública ni privada?

Exactamente. No hay inversión pública ni privada. Antes, entre el 2006 y el 2010, hubo un verdadero boom de la construcción: se construían grandes obras, ampliaciones, edificios. Hoy eso no existe. Las autoridades hablan de grandes proyectos, pero todo está en proyección, no en ejecución real.

—¿Qué ocurre específicamente con el Gobierno Regional?

El Gobierno Regional ha destinado gran parte de su presupuesto a grandes proyectos como la carretera Majes – Huambo y Cayma – Cabrería, entre otros. El problema es que esas obras no se reflejan en empleo real. Muchas recién están empezando y, lo más grave, varias están suspendidas.

—¿Suspendidas oficialmente?

Supuestamente suspendidas. Por ejemplo, el consorcio vial que ejecuta la carretera Majes–Huambo presentó una carta de suspensión al Gobierno Regional para evitar gastos generales. Pero, en la práctica, han reiniciado trabajos a escondidas, solo con personal de confianza, argumentando que son “trabajos de mantenimiento”. Eso es falso. Están haciendo movimiento de tierras, cortes, trabajos propios de obra.

—¿Eso ocurre con conocimiento del Gobierno Regional?

Eso es lo que nos preocupa. No creemos que una empresa pueda burlarse así de las autoridades sin anuencia. Presentan una suspensión formal, despiden trabajadores y luego continúan la obra de manera irregular. Eso amerita una investigación de la Contraloría.

—¿Cómo afecta esto a los trabajadores?

Directamente. Más despidos, más desocupación. Se habla de grandes inversiones, de que ya se ejecutó el 99% del presupuesto, pero eso no se refleja en empleo. Los únicos que ganan son los empresarios. Por eso estamos evaluando medidas de protesta permanente. Es nuestro derecho exigir que la inversión pública mueva la economía regional.

—En el ámbito privado, ¿el proyecto Tía María genera alguna expectativa laboral?

Para nosotros, como verdaderos arequipeños, la posición es clara: seguimos en contra. No está claro el tema de la licencia social ni las garantías ambientales. La agricultura en el Valle de Tambo genera miles de puestos de trabajo permanentes, mientras que este proyecto generaría solo unos 300 o 400 empleos y además contaminaría.

—Pero hay una contradicción, usted reclama empleo y sin embargo se oponen a Tía María que les daría trabajo.

No es una contradicción. Southern es una empresa irresponsable ambientalmente. Si hubiera una minería moderna que no contamine, se podría evaluar. Pero hoy no es así. Además, exageran la cantidad de empleos que generarán. En la etapa de construcción, la participación de mano de obra local no llega ni al 30%.

—Si Southern los convoca para negociar cupos laborales, ¿aceptarían?

Nuestra posición es clara. Si se inicia el proyecto, exigiremos que se respete la cuota laboral arequipeña. Pero sabemos que estas empresas licitan a constructoras de afuera y traen personal de otras regiones e incluso del extranjero.

—¿Qué pasa con los proyectos inmobiliarios privados en Arequipa?

Son pocos, pero también traen mano de obra de fuera. Es una lucha permanente. No se respeta al trabajador local.

—Se acusa a Construcción Civil de ser conflictiva y paralizar obras. ¿Esa mala fama los perjudica?

Esa imagen nace de malas declaraciones de autoridades que nos han llamado “extorsionadores”. Exigir derechos no es extorsión. Nosotros estamos abiertos al diálogo, pero con soluciones. La protesta es un derecho constitucional, siempre pacífica.

—¿Por qué no recurren al Ministerio de Trabajo o a Sunafil si sienten vulnerados sus derechos?

Porque son entidades burocráticas. Ponen multas que luego las empresas apelan y al final no pasa nada. Las obras duran tres meses y cuando Sunafil resuelve, la obra ya terminó. La construcción civil es un régimen especial, eventual, y el sistema no protege realmente al trabajador.

—¿Qué problemas o quejas tienen actualmente de las inmobiliarias?

En una inmobiliaria, por ejemplo, obligan a los trabajadores a firmar documentos donde aceptan descuentos semanales de 20 soles por el supuesto desgaste de encofrados y equipos. Eso es ilegal. La remuneración es intangible. Hasta hoy, a muchos trabajadores no se les ha devuelto ese dinero.

—¿No se trata de una garantía para que los obreros cuiden las herramientas que usan?

No es una garantía. El trabajador va a trabajar, no a poner los materiales. El empresario es quien debe proporcionar todas las condiciones de trabajo: materiales, maderas, encofrados, equipos. El obrero puede llevar sus herramientas personales básicas, pero todo el material de obra es responsabilidad del empleador.

—¿Qué pasa si esos materiales se deterioran o se pierden?

El desgaste puede darse por varias razones: porque el material es de mala calidad o simplemente por el uso normal del trabajo. Eso no significa que el trabajador lo haya hecho adrede. Si hay pérdidas, el empresario debe asumirlas y garantizar su seguridad patrimonial con vigilantes, control de ingreso y salida, no descontándole el sueldo al obrero.

—¿Qué ocurre con el dinero descontado? ¿Se devuelve si no hay daños?

Las empresas dicen que lo devuelven, pero en la práctica eso no ocurre. Hay cientos de trabajadores que ya han sido liquidados y nunca les devolvieron ese dinero. El empresario siempre busca un pretexto para no devolverlo.

—¿Qué acciones han tomado?

Hemos cursado documentos al gerente de la empresa. Si no hay respuesta, iremos a Sunafil y al Poder Judicial. Y si no escuchan, iremos a la huelga. Exigir derechos no es extorsión.

—¿Ha tenido reuniones con el gobernador regional?

Sí, una reunión inicial. Hemos pedido mesas de diálogo mensuales. Le pedimos al gobernador que no solo escuche a sus funcionarios, sino al pueblo, y el pueblo también somos los trabajadores.

—Se dice que las obras se retrasan porque a los obreros les conviene que duren más.

Eso es falso. Al trabajador le conviene la estabilidad, no la paralización. Los retrasos se deben a mala gestión, compras tardías, expedientes mal hechos y una logística deficiente. No hay materiales, no hay planificación.

—¿Cuántos trabajadores representa el sindicato actualmente?

Tenemos alrededor de 5,500 afiliados que aportan, pero representamos a todos los trabajadores del sector en la región, que son entre 30 mil y 35 mil.