Cuando observamos las votaciones reiteradas de la Asamblea General de las Naciones Unidas a favor del fin del bloqueo económico impuesto a Cuba, vemos que no se trata de gestos grandilocuentes ni de declaraciones ideológicas, sino de una defensa mínima pero firme de la cooperación frente a la imposición. No se trata de simpatizar con un gobierno ni de avalar un sistema político específico, sino de sostener un principio básico: ningún orden internacional puede llamarse justo si necesita ahogar a un pueblo entero para sostenerse.

Sabemos que los Estados actúan movidos por intereses; así ha funcionado históricamente la política internacional. Sin embargo, la experiencia demuestra que cuando una medida presentada como excepcional se prolonga durante décadas y afecta de manera directa la vida cotidiana de la población (salud, alimentación, posibilidades reales de desarrollo) deja de ser un instrumento de presión diplomática y se convierte en un castigo colectivo.

Aníbal Quijano explicó que el poder no se ejerce solo mediante la fuerza, sino también a través de estructuras que determinan quién puede decidir su propio rumbo y quién debe pagar costos desproporcionados por intentarlo. En ese marco, Cuba resulta irrelevante por su peso económico actual, pero profundamente incómoda por lo que simboliza: recuerda que la autonomía, cuando se sale de los márgenes tolerados, suele ser castigada. Para ciertos sectores de poder, Cuba no es simplemente un país más; es una obsesión persistente. No inquieta tanto su déficit democrático como la posibilidad de que su desobediencia se vuelva ejemplo y, en ese gesto, se contagie.

Desde una perspectiva ética, Dussel insistía en que las decisiones políticas no se juzgan por su elegancia estratégica, sino por sus consecuencias reales. Cuando una política se mantiene durante años pese al daño social evidente que provoca, el problema deja de ser táctico y se vuelve moral. El cinismo aparece cuando se afirma que “el modelo fracasó” mientras se sostiene el bloqueo que impide comprobarlo. Si existiera tanta seguridad en su ineficacia, bastaría con levantarlo. No se hace porque persiste un temor más profundo: que un país pequeño, con recursos limitados, demuestre que es posible vivir sin estar permanentemente subordinado al capital financiero. En ese punto, conviene decirlo con claridad, el verdadero fracaso no es ajeno.

Cooperar supone diálogo, reconocimiento de límites y respeto mutuo; someter implica aceptar el daño como un costo inevitable del orden. Pensar que lo más prudente es no hacer ruido, proteger la economía y dejar a Cuba sola responde al argumento del miedo, a la vieja lógica de “entrégales todo para que no te peguen”. Sin embargo, esa estrategia es una falacia. Ceder ante el abusador no garantiza respeto; apenas asegura un lugar en la fila de los siguientes sacrificables. La soberanía no se negocia por partes: o se ejerce, con costos incluidos, o se renuncia a ella.

Desde una tradición profundamente arraigada en nuestra región, esta discusión encuentra una formulación sencilla y exigente: el prójimo. El prójimo no es el aliado cómodo ni el semejante ideológico, sino aquel cuya dignidad está en riesgo. Defender que un pueblo no sea asfixiado (ni ahorcado lentamente) no es un gesto ideológico, sino un acto de responsabilidad moral. Es también una invitación personal y colectiva: asumir, desde América Latina, un criterio adulto frente a la geopolítica contemporánea, sin consignas fáciles ni miedos heredados. Ningún orden que necesite ese daño permanente para sostenerse puede llamarse justo, porque ha perdido el fundamento humano que le da sentido.