Vladimir Cerrón Rojas, prófugo exgobernador de Junín y candidato presidencial de Perú.

El Poder Judicial dispuso la ejecución de la sentencia que ordena transferir al Estado más de un millón seiscientos mil soles pertenecientes al prófugo exgobernador de Junín y candidato presidencial de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, luego de que este agotara todos los recursos legales disponibles, incluido un recurso de casación que no fue admitido.

Según la resolución emitida por el Juzgado Permanente Especializado en Extinción de Dominio, la suma incluye S/376,969 depositados en una cuenta BANCARIA y S/1,236,543 contenidos en un cheque de gerencia. Ambos montos fueron previamente incautados en el marco de las investigaciones por presunto lavado de activos y corrupción de funcionarios, y ahora pasarán a ser administrados por el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), entidad encargada de formalizar la transferencia de titularidad a favor del Estado.

El juzgado dispuso además que el Pronabi remita, en un plazo máximo de cinco días hábiles, la documentación que acredite la incorporación de los fondos a sus cuentas institucionales y comunique la ejecución de la sentencia a la Fiscalía, bajo responsabilidad funcional.

De acuerdo con la Sala de Apelaciones Permanente Especializada en Extinción de Dominio de Lima, el monto transferido representa un incremento patrimonial no justificado y se encuentra vinculado a actividades ilícitas de criminalidad organizada relacionadas con la gestión de Cerrón durante su paso por el Gobierno Regional de Junín.

El líder de Perú Libre se encuentra prófugo de la justicia desde hace más de dos años, luego de que se dictara prisión preventiva en su contra por supuestamente liderar la red de tráfico de licencias conocida como “Los Dinámicos del Centro”. Pese a su condición, Cerrón mantiene su campaña electoral de forma virtual, participando en reuniones y entrevistas a través de plataformas digitales.

“Mientras mi vida esté amenazada, tengo que salvaguardarla”, declaró recientemente, aludiendo a motivos de seguridad personal.

Con esta decisión, el Poder Judicial reafirma la vigencia del mecanismo de extinción de dominio, que permite al Estado recuperar activos de origen ilícito y fortalecer la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero en el país.