Por: Carlos Meneses

La población necesita hospitales que funcionen, médicos motivados y autoridades que escuchen. El diálogo es indispensable, pero debe estar acompañado de decisiones firmes. La salud de los arequipeños no puede seguir siendo víctima del abandono ni estar, literalmente, en huelga.

El reinicio de la huelga médica indefinida en Arequipa pone nuevamente en evidencia la fragilidad del sistema sanitario regional. Desde este lunes 16 de enero, los hospitales Goyeneche y Honorio Delgado Espinoza reducirán sus atenciones, y cientos de pacientes verán postergadas consultas, operaciones y tratamientos. Una vez más, los más perjudicados serán quienes menos tienen, aquellos que dependen exclusivamente de la salud pública para ser atendidos.

La Federación Médica del Perú (FMP) decidió retomar su medida de fuerza ante la falta de acuerdos con el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y exige el retiro del gerente regional de Salud, Walther Oporto Pérez. Los galenos acusan falta de diálogo y gestión ineficiente. No obstante, el problema va mucho más allá de una persona o un cargo: lo que está en crisis es el modelo de conducción del sector, incapaz de dar respuestas efectivas a las múltiples demandas acumuladas durante años.

Los hospitales regionales funcionan con una infraestructura colapsada y equipos obsoletos. El Goyeneche opera con más del 120 % de su capacidad, y el Honorio Delgado mantiene un déficit crónico de camas en especialidades clave. A ello se suma la precariedad laboral del personal médico, de los cuales más del 40 % trabaja bajo contratos temporales, sin estabilidad ni incentivos. En tales condiciones, sostener un sistema de atención eficiente es casi imposible.

La huelga —que se retoma tras una tregua de varias semanas— refleja el fracaso del diálogo entre autoridades y gremios. Se instalaron mesas de trabajo que no llegaron a ningún resultado concreto. El gobernador regional, Rohel Sánchez Sánchez, decidió mantener en el cargo a Oporto Pérez pese al malestar del cuerpo médico y de los propios trabajadores de salud. En paralelo, el Consejo Regional tampoco ha avanzado en la interpelación pendiente contra el gerente, lo que transmite una preocupante señal de indiferencia institucional.

Arequipa no puede seguir atrapada en una disputa política mientras su sistema sanitario se deteriora. El Gobierno Regional tiene la obligación de encaminar una salida inmediata que priorice el derecho a la salud sobre los intereses personales o burocráticos.