Por: Carlos Meneses

Proteger la integridad de los estudiantes no es solo un deber legal, sino una responsabilidad moral del Estado y de toda la comunidad educativa. Cada aula debe ser un refugio de aprendizaje, no un riesgo para la niñez. Solo garantizando seguridad y respeto podremos construir un sistema educativo verdaderamente digno y humano.

La reciente información difundida por el Ministerio de Educación, sobre la separación de 152 trabajadores del sector educativo por delitos graves —en su mayoría vinculados a violación sexual—, revela un problema estructural que el país no puede seguir tolerando. Las escuelas, concebidas como espacios de formación, respeto y confianza, no pueden convertirse en lugares donde los niños y adolescentes estén expuestos al abuso de quienes deberían protegerlos.

El ministro Jorge Figueroa ha reiterado la política de “tolerancia cero” ante cualquier forma de violencia o vulneración de derechos. Esa decisión es indispensable, pero no suficiente. La erradicación de los agresores del sistema educativo debe ir acompañada de mecanismos permanentes de prevención, control y atención a las víctimas. No basta con reaccionar ante los casos denunciados: es urgente anticiparse a ellos mediante filtros rigurosos en los procesos de contratación y evaluación docente, así como programas de capacitación ética y psicológica.

El incremento de los casos en los últimos meses también interpela a las direcciones regionales de educación y a las UGEL, responsables de supervisar el comportamiento del personal educativo. La coordinación entre estas instancias y el Ministerio Público debe fortalecerse para garantizar que ningún investigado por delitos sexuales vuelva a tener contacto con menores.

Detrás de cada cifra hay una historia de dolor que compromete el futuro de nuestra sociedad. La escuela debe ser el primer entorno de confianza, no el escenario del miedo. Por eso, es necesario que la vigilancia ciudadana se mantenga activa y que los padres de familia encuentren respaldo real en las autoridades cuando denuncien irregularidades.