Un equipo de la Fiscalía de la Nación y agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional del Perú ingresaron ayer a Palacio de Gobierno para realizar diligencias como parte de las investigaciones contra el destituido presidente José Jerí Oré, por presuntos delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal.

Los fiscales llegaron a la sede del Ejecutivo poco antes de las 4:00 p.m. por la puerta de Desamparados, acompañados por cuatro policías anticorrupción, con el objetivo de requerir documentación vinculada a las reuniones extraoficiales que Jerí sostuvo con empresarios de origen chino y con varias mujeres que posteriormente habrían sido contratadas en distintas entidades públicas.

El fiscal adjunto supremo Ronal Flores, del despacho del fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez, declaró brevemente a la prensa al ingresar al recinto: “Tenemos esta segunda diligencia. Las investigaciones son reservadas y no vamos a dar mayor información”. El equipo del Ministerio Público permaneció varias horas dentro del recinto recabando informes y registros de visitas.

Según el registro de ingresos de Palacio, una primera diligencia se había efectuado horas antes, entre las 8:48 a.m. y las 11:04 a.m., con la participación de los fiscales Ronal Flores y Ana Manrique Farfán. Se trataría de una acción complementaria a la indagación abierta contra Jerí en su condición de expresidente.

El operativo se produce un día después de que el Congreso de la República aprobara la censura de José Jerí, quien ejercía la Presidencia de la República de manera interina. Con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el Pleno aprobó siete mociones acumuladas que reclamaban su salida inmediata, tras las denuncias periodísticas sobre presuntas irregularidades en su entorno y su gestión.

“Señores congresistas, las mociones de censura al presidente del Congreso de la República, encargado de la Presidencia de la República, señor José Enrique Jerí Oré, han sido aprobadas”, anunció el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, tras la votación. En consecuencia, se declaró vacante el cargo de jefe de Estado y se convocó a una nueva elección presidencial en el Parlamento para la tarde del miércoles 18 de febrero.

Las pesquisas fiscales contra Jerí se centran en dos frentes. El primero, por reuniones no registradas con empresarios chinos, presuntamente vinculados a procesos de contratación pública; y el segundo, por la contratación de al menos cinco mujeres jóvenes en dependencias estatales luego de haber ingresado a Palacio de Gobierno. La Fiscalía busca determinar si existió algún tipo de tráfico de influencias o favoritismo indebido.

El Ministerio Público aclaró que, tras la destitución de Jerí, las restricciones legales que impedían avanzar en ciertas diligencias ya no son aplicables, lo que permitirá solicitar nuevas medidas, como allanamientos o impedimentos de salida del país. Sin embargo, el exmandatario mantiene su condición de congresista, por lo que aún goza del antejuicio político.

Esta no es la primera vez que la Fiscalía ingresa a Palacio de Gobierno. Durante la gestión del expresidente Pedro Castillo Terrones, se realizaron allanamientos por casos de corrupción, en un contexto similar de crisis política. El caso Jerí abre un nuevo capítulo en la ya prolongada inestabilidad institucional del país, que en la última década ha visto pasar nueve presidentes en apenas diez años.