La minería ilegal, una de las economías ilícitas más lucrativas del país.

Según el abogado César Ipenza, la minería ilegal movilizó más de 11 500 millones de dólares durante el año 2025, una cifra que evidencia la magnitud del problema y su impacto en la economía nacional.

El especialista, integrante del Observatorio de Minería Ilegal, señaló que estos recursos no solo alimentan redes criminales vinculadas a la extracción informal de oro, sino que también pueden influir en el ámbito político. De acuerdo con su advertencia, parte de estos ingresos termina financiando campañas electorales y fortaleciendo estructuras de poder que permiten mantener la impunidad en torno a esta actividad.

Las declaraciones se sustentan en un informe elaborado por el Instituto Peruano de Economía, que analizó el crecimiento de la minería ilegal y su impacto económico en el país. El documento revela que esta actividad mueve miles de millones de dólares al año, posicionándose como una de las principales economías ilegales del Perú.

Uno de los aspectos más preocupantes identificados por Ipenza es el uso indebido del régimen de Pequeño Productor Minero (PPM). Según explicó, existen empresas que se registran bajo esta modalidad destinada a pequeños productores, pero que en la práctica exportan volúmenes de oro comparables con los de la gran minería.

Investigaciones periodísticas revelaron que siete de los 25 mayores productores de oro del país durante 2025 operan bajo este régimen especial, lo que evidencia un uso irregular de esta figura legal. Para el especialista, esta situación genera una competencia desleal frente a la minería formal que sí cumple con estándares ambientales y tributarios.

Además, advirtió que muchas de estas operaciones no reciben una fiscalización efectiva por parte de entidades encargadas de supervisar el sector, lo que facilita que continúen funcionando sin mayores controles.

El experto también se refirió al análisis realizado por el Observatorio sobre los planes de gobierno de los partidos políticos con miras al periodo 2026-2031. Según el estudio, cerca del 30% de las propuestas de los candidatos presidenciales no abordan de manera clara la problemática de la minería ilegal.

En un primer grupo se identificó a partidos que plantean acciones concretas, como la creación de unidades especializadas para combatir este delito y el uso de tecnología para rastrear el origen del oro. Sin embargo, otro sector de organizaciones políticas apenas menciona el problema sin proponer medidas específicas.

Finalmente, existe un grupo de partidos que prácticamente ignora el tema dentro de sus propuestas programáticas, lo que, según Ipenza, demuestra la falta de prioridad política frente a una actividad que genera enormes ganancias y graves impactos ambientales y sociales.

El especialista también expresó dudas sobre el futuro del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), al advertir que el Congreso no viene trabajando con seriedad en una ley que regule la minería artesanal y de pequeña escala, lo que podría permitir nuevas ampliaciones de este mecanismo en los próximos años.