Por: Luis Iglesias – El Montonero

El último miércoles se conmemoró en nuestro país una fecha significativa que no debemos pasar por alto. Justamente un 7 de septiembre de 1955, el Congreso de la República aprobó la Ley N° 12391, reconociendo por primera vez a las mujeres el derecho al sufragio y a la participación política, constituyendo ello uno de los principales hitos históricos en la lucha por la igualdad de género.

Diversas fuentes históricas sugieren que dicho acontecimiento se debió a un cálculo político del entonces presidente Odría, a fin de legitimar su gobierno. Sin embargo, no debemos olvidar que este hito trascendental se concretó gracias al amplio debate y lucha constante, y de décadas, de ilustres mujeres como Clorinda Matto de Turner, Mercedes Cabello de Carbonera, Adela Montesinos, Elvira García y García, María Jesús Alvarado y Zoila Aurora Cáceres; estas últimas organizadoras de las primeras asociaciones feministas en el Perú.

A partir de entonces, y luego de que la Constitución de 1979 le reconociera a las mujeres el sufragio universal, las mujeres han participado de manera importante en las elecciones generales, regionales y locales; no solo como electoras, sino también como candidatas. Más aún luego de que la Ley No. 26859, Ley Orgánica de Elecciones, incorporara la cuota de género para las listas electorales. De esta manera, se ha visto la presencia de un mayor número de mujeres congresistas, gobernadoras, alcaldesas, consejeras regionales y regidoras, a las que se les suman ministras, juezas, fiscales, funcionarias de primer nivel y directoras de programas en diversos sectores del Estado.

Desde dicha perspectiva, si bien es importante conmemorar el aniversario del voto femenino en el Perú, no debemos perder de vista que el anhelo de alcanzar una sociedad más justa y con igualdad de derechos en nuestro país aún está en construcción y que, a cada tanto, somos testigos de los retrocesos sobre esta materia, desde hechos tan graves como el acoso político contra las mujeres o el hecho de que actualmente solo una mujer se desempeña como gobernadora regional.

Por ello, es importante generar espacios de reflexión respecto a las acciones que el Estado y la sociedad adoptan a fin de consolidar los avances logrados no solo a nivel político, sino también aquellos que permitan a las mujeres desenvolverse en la plenitud de sus derechos, garantizando espacios seguros, en sus trabajos, centros educativos, calles y, principalmente, en sus hogares.

En ese sentido, es importante que nuestras instituciones asuman el compromiso real de atender las demandas de cambio que exigen las mujeres, pues la historia ha demostrado que el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, tanto en el ámbito público como privado, es un factor clave para consolidar la democracia y el Estado de derecho en nuestros países.