A tres días de las votaciones generales, la Gerencia Regional de Educación de Arequipa (GREA) informó que las instituciones educativas que funcionarán como locales de votación deberán garantizar la continuidad del servicio escolar los días viernes 10 y lunes 13 de abril. De acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Educación (Minedu), se descarta la posibilidad de clases virtuales. Por ello, los directores deberán evaluar si desarrollan clases con normalidad o si establecen un cronograma para recuperar las horas académicas perdidas.

De acuerdo a la disposición del Minedu, en coordinación interinstitucional con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), las instituciones educativas públicas y privadas consideradas como locales de votación durante las Elecciones Generales 2026 deberán estar disponibles desde el viernes 10 hasta el lunes 13 de abril para permitir la instalación, desarrollo y cierre del proceso electoral. En esa línea, los directores de las instituciones educativas seleccionadas deberán informar a las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) la decisión adoptada.

“El Minedu otorgó facultades para que cada director de la institución educativa en uso pueda hacer una evaluación de entrega y recepción del local donde se desarrollará el proceso electoral. Dependiendo de esta, el director deberá tomar una decisión, seguramente en coordinación con el Consejo Educativo Institucional (CONEI). En caso se decida implementar una estrategia que garantice la continuidad del servicio educativo, deberá comunicar a la UGEL respectiva en qué consistirá“, declaró Marco Choque Manrique, titular de la GREA.

La decisión fue oficializada a través del comunicado N.° 12-2026. Sin embargo, la disposición no precisa lineamientos homogéneos para todas las instituciones, lo que abre la posibilidad de decisiones dispares entre colegios. Además, se exige a los directores informar a sus respectivas UGEL sobre las medidas adoptadas hasta mañana viernes 10 de abril. Con ello, la GREA establece un esquema de control administrativo, pero sin definir mecanismos concretos que aseguren la continuidad efectiva del servicio educativo en un escenario operativo restringido.