Por Andrea Flores.

El Perú se encuentra en una encrucijada decisiva. Las advertencias de Julio Velarde no solo reflejan la mirada técnica de una de las figuras más influyentes de la política económica nacional, sino que también evidencian una verdad incómoda: el crecimiento sostenido del país no dependerá únicamente de sus sólidos fundamentos macroeconómicos, sino de la capacidad de su Estado para estar a la altura de los desafíos actuales.

Durante décadas, el país ha sido reconocido por su estabilidad monetaria y fiscal. Sin embargo, ese mérito, aunque valioso, resulta insuficiente en un entorno global cada vez más complejo y competitivo. La verdadera debilidad estructural del Perú radica en la precariedad de sus instituciones públicas. Un Estado con limitaciones en gestión, planificación y ejecución no puede garantizar servicios de calidad ni generar condiciones adecuadas para el desarrollo económico.

En este contexto, la calidad del servicio público se convierte en un factor determinante. No basta con aumentar el presupuesto o implementar reformas superficiales; es indispensable contar con funcionarios capacitados, seleccionados bajo criterios meritocráticos y comprometidos con el bienestar colectivo. La profesionalización del Estado no es un lujo, sino una necesidad urgente para cerrar brechas sociales y potenciar la competitividad del país.

A ello se suma un problema crítico: la fuga de talento. La migración de profesionales altamente calificados representa una pérdida significativa de capital humano que debilita tanto al sector público como al privado. Sin talento, no hay innovación; sin innovación, no hay crecimiento sostenible. Revertir esta tendencia exige mejorar las condiciones laborales, fortalecer la institucionalidad y ofrecer un entorno predecible que incentive a los ciudadanos a apostar por su propio país.

Si bien el Perú ya no cuenta con el impulso extraordinario del auge de las materias primas, aún dispone de una base económica sólida. Esto implica que el futuro dependerá, en gran medida, de decisiones internas. La articulación efectiva entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil será clave para generar un desarrollo más inclusivo y dinámico.

En definitiva, fortalecer el Estado no es una opción política, sino una condición indispensable para asegurar el futuro económico del Perú. Sin instituciones eficientes y sin capital humano comprometido, cualquier avance será frágil. El desafío está planteado: transformar las advertencias en acciones concretas antes de que las oportunidades se desvanezcan.