Por: Raúl Mendoza Cánepa – El Montonero

Las elecciones regionales y municipales del domingo 2 de octubre son diferentes porque marcan quién ganará posiciones en la guerra política entre el Gobierno y la oposición. Lima es clave. Si extrapolamos la contienda por Lima con la composición del Congreso, las elecciones municipales tratan de una lid entre la oposición al presidente Pedro Castillo y sus aliados en el Congreso. Para ser más precisos, Rafael López Aliaga (Renovación Popular) sería la única oposición clara a Castillo, la que tiene mayores posibilidades en un tiempo en el que necesitamos contrapesos.

Es difícil pasar por alto la aparición de una llamada “prensa alternativa”, que de prensa poco tiene, de alternativa menos y de talento solo el ojo para leer preguntas digitadas. En un sistema tradicional, en el que la prensa come publicidad estatal, lo alternativo es fiscalizar al poder con medios propios. No hay prensa comunitaria porque no cualquiera puede hacer buen periodismo; ese que requiere rigor, independencia y algo de preparación. No envilezcamos el oficio ni confundamos una sala de redacción con la Plaza San Martín.

Es incoherente con su propia misión que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sea, por su composición, más un lastre para el trabajo opositor que un aparato fiscalizador del poder. Que sus integrantes tiendan a ser más cercanos a los intereses de Palacio que a la verdad es una merma de la función de control y fiscalización del Parlamento.

Bien que José Williams Zapata, el nuevo presidente del Congreso, tenga claros los temas pendientes; entre ellos la elección del Defensor del Pueblo de entre la terna ya seleccionada. En el Perú los largos interinatos en las instituciones simbolizan la dificultad de los congresistas para llegar a un acuerdo. Puede ser que 87 votos sea un escollo para decisiones radicales, pero no debería serlo para zanjar en el tema de una elección institucional. A propósito, el presidente Castillo le presentó al Congreso un documento titulado “Un consenso por el Perú”. Resulta curioso que hable de consensos con un ideario tan extremo. ¿Y qué tal si comenzamos por la lucha contra la corrupción?

El gobierno se queja ante el Congreso porque sus proyectos, a su decir, no están siendo tramitados. El Ejecutivo ha presentado 159 proyectos de ley y el 42% de ellos han sido aprobados en diversas instancias; no están encarpetados, con lo que la hipótesis de la falta de colaboración parlamentaria se cae. Mientras tanto, como afirma el congresista Alejandro Muñante, del otro lado la cosa no marcha bien: son 77 leyes las que no han sido reglamentadas aún por el Ejecutivo. Más asesores legales, menos “prensa” alternativa.

Un tema aparte. La democracia debe tener mecanismos de supervivencia. El Tribunal Constitucional debería poder declarar inconstitucional a un partido por su ideario antidemocrático como en Alemania. La democracia es nominativa cuando de ella se vale cualquier futuro sátrapa para llegar por elecciones y enquistarse en el poder. Lo mismo ocurre con quien tenga antecedentes legales que den para el susto. Si la Constitución y la ley no cuidan de la democracia, el pueblo mismo tampoco lo hará. Ya vimos lo que pasó en las urnas en el 2021. Advertidos estábamos del ideario de Perú Libre. El peruano del sur es disruptivo y peligrosamente impresionable. El limeño (33% de la población electoral) nunca es confiable. ¿Cuánto esperaremos para superar el dilema del mal menor en la segunda vuelta? Por lo que se avizora, junten para el agua de azahar.