La educación no puede

seguir esperando

Resulta inadmisible que, cuando restan apenas seis meses para concluir la actual gestión del Gobierno Regional de Arequipa, más de 120 instituciones educativas públicas continúen esperando obras de mantenimiento, rehabilitación o reconstrucción. Detrás de esta cifra no hay simples expedientes administrativos; hay cerca de 40 mil estudiantes que cada día asisten a colegios deteriorados, algunos con más de medio siglo de antigüedad y con estructuras que representan un riesgo permanente.

La infraestructura educativa no es un asunto secundario. Constituye uno de los pilares fundamentales para garantizar una educación de calidad y, sobre todo, el derecho de los estudiantes a desarrollarse en ambientes seguros. Sin embargo, la realidad demuestra que este tema no ha ocupado el lugar prioritario que merece dentro de la gestión regional.

Las autoridades podrán exhibir la entrega de algunas instituciones educativas durante estos años. No obstante, cuando aún existen 128 colegios pendientes de intervención, resulta evidente que el problema dista mucho de haber sido resuelto. Las cifras hablan por sí solas y desnudan una brecha que continúa afectando a miles de familias arequipeñas.

Más preocupante aún es que decenas de colegios hayan superado ampliamente su vida útil y requieran ser demolidos para dar paso a nuevas edificaciones. Mientras ello no ocurra, alumnos y docentes continúan desarrollando sus actividades en módulos prefabricados o ambientes improvisados que, aunque permiten mantener las clases, no ofrecen las condiciones que exige una educación moderna ni garantizan plenamente la seguridad.

Toda gestión pública está obligada a establecer prioridades. Si existe un sector donde no deberían existir postergaciones es precisamente la educación. Invertir en infraestructura escolar no constituye un gasto; representa una inversión en el futuro de la región. Cada obra retrasada significa miles de estudiantes aprendiendo en condiciones deficientes y una generación que recibe el mensaje equivocado sobre el valor que el Estado otorga a su formación.

La preocupación aumenta cuando se advierte una aparente falta de impulso para iniciar nuevos proyectos conforme se acerca el final del mandato regional. La gestión pública no termina cuando se aproxima el cambio de autoridades. Por el contrario, hasta el último día existe la obligación de planificar, ejecutar y dejar encaminadas las inversiones que la población demanda.

Arequipa no puede esperar a que una lluvia intensa, un movimiento sísmico o cualquier otra emergencia exponga las consecuencias de años de postergación. La prevención siempre resulta menos costosa que lamentar pérdidas humanas o daños irreparables.

RESALTAR

El próximo gobierno regional recibirá una enorme deuda en materia de infraestructura educativa. Pero la responsabilidad de atenderla comienza hoy. Los escolares no pueden seguir siendo víctimas de la lentitud administrativa, la falta de planificación o las promesas incumplidas. Garantizar colegios seguros no debería ser una meta política; es una obligación moral y una responsabilidad ineludible del Estado.