El expresidente Alejandro Toledo autorizó a su abogado, Carlos Torres Caro, a gestionar una solicitud de indulto humanitario, argumentando el delicado estado de salud que enfrenta mientras cumple condena. La autorización fue otorgada mediante una carta remitida a su defensa legal el pasado 24 de junio.

El abogado confirmó que el pedido se sustentará en la Ley N.° 32181, promulgada en diciembre de 2024, que contempla la posibilidad de que las personas mayores de 80 años puedan cumplir la sanción en su domicilio, siempre que exista autorización del Poder Judicial y se cumplan los requisitos establecidos por la norma.

Torres Caro señaló que actualmente espera que la Corte Suprema programe la evaluación del caso para exponer los argumentos que respaldan la solicitud. Según indicó, la defensa considera que la situación médica del exmandatario amerita una revisión de su condición de reclusión.

Como parte del expediente, el abogado aseguró contar con diversos informes y certificados médicos, tanto oficiales como particulares, que evidenciarían un deterioro progresivo en la salud de Toledo. Entre los diagnósticos mencionados figuran un alto riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular, un infarto al miocardio y arritmias cardíacas. Asimismo, afirmó que el exjefe de Estado presenta un cuadro de depresión y signos de deterioro cognitivo.

La defensa sostuvo que el indulto humanitario forma parte de las prerrogativas contempladas en el derecho de gracia previsto en la Constitución Política y argumentó que este beneficio no exige necesariamente que exista una sentencia firme, interpretación que, según el abogado, diferencia esta figura de otras como la gracia presidencial.

No obstante, reconoció que la legislación vigente y diversos pronunciamientos del Tribunal Constitucional han incorporado restricciones para el otorgamiento de indultos a personas condenadas por determinados delitos, entre ellos los vinculados a corrupción. Pese a ello, manifestó que la nueva ley aplicable a personas mayores de 80 años constituye la principal base jurídica de la solicitud que presentará ante las autoridades competentes.

Será el Poder Judicial y, posteriormente, las instancias correspondientes del Ejecutivo las que determinen si el exmandatario reúne las condiciones legales y humanitarias para acceder al beneficio solicitado.