Por Carlos Meneses

La proclamación de Keiko Fujimori como presidenta electa marca el cierre de un intenso proceso electoral y abre una nueva etapa política para el Perú. Como ocurre en toda democracia, el desafío no concluye con la obtención de los votos ni con la entrega de credenciales por parte del Jurado Nacional de Elecciones. El verdadero reto comienza ahora: gobernar un país que demanda respuestas inmediatas a problemas acumulados durante años.

El anuncio de instalar una Oficina de la Presidenta Electa para conducir el proceso de transferencia representa una señal de que la próxima administración pretende llegar al 28 de julio con un conocimiento más preciso del estado de cada sector. En un contexto de inseguridad ciudadana, desaceleración económica, brechas sociales y una creciente desconfianza hacia las instituciones, improvisar sería un error que el país no puede permitirse.

La decisión de realizar un diagnóstico técnico de los ministerios y, al mismo tiempo, un diagnóstico humano de las principales necesidades de la población apunta en la dirección correcta. Conocer la realidad administrativa del Estado es indispensable, pero comprender las urgencias de los ciudadanos resulta aún más importante. Gobernar implica priorizar, y para hacerlo se requiere información, capacidad de gestión y una clara voluntad política.

También merece atención el anuncio de mantener un diálogo con gobiernos regionales, autoridades locales, empresarios, trabajadores y emprendedores. El Perú necesita recuperar espacios de concertación que permitan construir políticas públicas sostenibles. Ningún gobierno puede enfrentar por sí solo los enormes desafíos nacionales, y menos en un escenario de fragmentación política y demandas sociales cada vez más complejas.

Sin embargo, las expectativas generadas por el discurso deberán transformarse en hechos concretos. Conceptos como transparencia, modernización del Estado, digitalización o recuperación del orden son objetivos compartidos por amplios sectores de la sociedad, pero solo adquirirán verdadero valor si se traducen en políticas eficaces, decisiones oportunas y resultados medibles.

La ciudadanía evaluará a la nueva administración no por la calidad de sus anuncios, sino por su capacidad para reducir la criminalidad, reactivar la economía, generar empleo, mejorar los servicios de salud y educación, y fortalecer las instituciones democráticas. Ese será el verdadero examen del próximo gobierno.

El llamado a la unidad nacional formulado por la presidenta electa también debe entenderse como un compromiso permanente y no únicamente como un mensaje de inicio. La reconciliación política exige apertura al diálogo, respeto por las diferencias y disposición para construir consensos en beneficio del país.

Hoy comienza, ciertamente, una nueva etapa para el Perú. Pero será el trabajo cotidiano, la transparencia en la gestión y el cumplimiento de los compromisos asumidos lo que determinará si esta transición representa un verdadero punto de inflexión o una oportunidad más desaprovechada. El país espera menos discursos y más resultados.