Burneo revela que recibió amenazas

y reforzó la seguridad de su familia

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, reveló que tuvo que adoptar medidas de seguridad para proteger a su familia luego de recibir amenazas tras la primera vuelta de las elecciones generales de 2026. El magistrado señaló que las intimidaciones incluyeron mensajes enviados a su teléfono personal y la difusión de la dirección de su domicilio, situación que fue denunciada ante la Policía desde el mes de mayo.

Burneo afirmó que personas acudieron a las inmediaciones de su vivienda y lanzaron amenazas reiteradas, lo que lo obligó a reforzar la seguridad de su entorno familiar.

“Hubo personas que amenazaban, que fueron a mi casa y decían que volverían constantemente. Tuve que tomar medidas para proteger a mi familia”, manifestó.

El titular del JNE sostuvo que estos hechos evidencian la necesidad de fortalecer el respeto por las instituciones democráticas y por la labor de los magistrados, independientemente de los intereses políticos.

“El respeto a la institucionalidad debe ir más allá de los intereses particulares. El Estado de derecho depende del respeto a los jueces y a las instituciones”, enfatizó.

Burneo también hizo un balance del reciente proceso electoral y reconoció que la primera vuelta presentó importantes desafíos técnicos y de coordinación entre los organismos electorales. No obstante, aseguró que mantiene su confianza en la democracia y en la capacidad del sistema electoral para superar las dificultades.

Asimismo, señaló que es necesario mejorar el trabajo articulado entre las entidades que conforman el sistema electoral y recordó que el Jurado Nacional de Elecciones es el ente rector encargado de garantizar la legalidad y transparencia de los comicios.

Finalmente, advirtió que las próximas elecciones regionales y municipales representarán un reto aún mayor debido al elevado número de organizaciones políticas y candidatos que participarán en la contienda, lo que incrementará la complejidad del proceso y exigirá una mayor capacidad operativa de los organismos electorales.