El Poder Judicial rechazó el pedido presentado por el presidente de la República, José María Balcázar, para evitar afrontar el debate judicial sobre una eventual reparación civil en el proceso que se le sigue por el presunto delito de apropiación ilícita común en agravio del Estado.

El Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo declaró infundada la solicitud planteada por la defensa legal del mandatario, quien buscaba que se declare prescrita y se archive la pretensión civil derivada de las supuestas irregularidades ocurridas durante su gestión como decano del Colegio de Abogados de Lambayeque, entre los años 2019 y 2020.

La defensa de Balcázar argumentó que el Colegio de Abogados de Lambayeque no se constituyó como actor civil dentro del proceso y sostuvo que el plazo legal para reclamar una reparación civil habría vencido el pasado 12 de junio. Bajo esa posición, el Estado ya no tendría facultades para continuar con dicha pretensión.

Sin embargo, la Fiscalía rechazó ese argumento. La fiscal Lisset Baique Sánchez sostuvo que el plazo para procesar este extremo del caso continúa vigente y señaló que corresponde al Ministerio Público ejercer la titularidad de la acción civil en representación del Estado.

Aunque el juzgado desestimó el pedido de prescripción, sí aceptó la solicitud de la defensa para suspender el inicio del juicio oral mientras José María Balcázar permanezca en el cargo de jefe de Estado.

De esta manera, el proceso judicial continuará con su instalación una vez que culminen las circunstancias que impiden el desarrollo del juicio mientras ejerza la Presidencia de la República. La audiencia quedó programada para el 21 de agosto a las 15:30 horas y tendrá una continuación el 28 de agosto a las 09:30 horas.

La Segunda Fiscalía Penal de Chiclayo solicitó que Balcázar pague una reparación civil de 348 mil soles, al considerar que habría incurrido en apropiación ilícita durante su administración del Colegio de Abogados de Lambayeque.

Según la acusación fiscal, los recursos económicos de la institución no habrían sido manejados mediante los canales bancarios correspondientes y presuntamente fueron depositados en cuentas personales. Los peritajes contables mencionados en la investigación identificaron movimientos superiores a los 774 mil soles, cuyos retiros no habrían sido debidamente sustentados ni entregados a la institución.