La violencia contra el transporte público continúa agravándose en Lima y Callao. Los gremios del sector alertaron que, en menos de dos años, se han registrado más de 200 atentados vinculados a organizaciones criminales dedicadas a la extorsión, una situación que, aseguran, mantiene en permanente riesgo a conductores, cobradores y pasajeros.

El dirigente de transportistas de Lima Sur, Julio Bretoneche, afirmó que la inseguridad no ha disminuido pese a las intervenciones policiales realizadas en los últimos meses. Si bien reconoció que las autoridades han capturado a integrantes de diversas bandas criminales, sostuvo que esas acciones aún no se traducen en una reducción de los ataques contra las empresas de transporte.

De acuerdo con cifras del Ministerio Público citadas por el dirigente, entre agosto de 2024 y mayo de 2026 se contabilizaron 214 atentados contra unidades de transporte público en Lima Metropolitana y el Callao. Estos hechos dejaron un saldo de 283 víctimas, de las cuales 152 fallecieron y 131 resultaron heridas.

A estas cifras se suman 15 pasajeros que perdieron la vida durante los ataques perpetrados por delincuentes, quienes generalmente actúan a bordo de motocicletas o simulando ser usuarios del servicio para disparar contra conductores y cobradores.

Bretoneche indicó que la situación ha generado una crisis en el sector, ya que muchas empresas continúan pagando cupos a organizaciones criminales para evitar nuevos atentados. Incluso señaló que algunas compañías entregan dinero a varias bandas al mismo tiempo para poder seguir operando.

El dirigente advirtió que la extorsión se está convirtiendo en una práctica normalizada, lo que representa un grave riesgo para la sostenibilidad económica de las empresas de transporte. Según explicó, varias de ellas enfrentan serias dificultades financieras debido al incremento de los pagos ilegales y a los constantes ataques.

Asimismo, cuestionó la falta de continuidad en las políticas de seguridad ciudadana. Consideró que los frecuentes cambios de ministros del Interior durante los últimos años han impedido consolidar una estrategia eficaz para enfrentar el crimen organizado y reducir la incidencia de la extorsión.

Frente a este panorama, Bretoneche exhortó a las próximas autoridades nacionales a priorizar la lucha contra las organizaciones criminales y garantizar estabilidad en las instituciones encargadas de la seguridad pública. También señaló que el gremio espera sostener reuniones con el nuevo Gobierno para plantear propuestas orientadas a proteger a los trabajadores del transporte y recuperar la confianza de los usuarios.

Los transportistas insistieron en que la respuesta frente a la extorsión requiere una política sostenida en el tiempo, con acciones coordinadas entre la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, a fin de evitar que la violencia continúe cobrando vidas y afectando uno de los servicios esenciales para millones de ciudadanos.