Por: Dany La Torre

La inestabilidad política, los indicios de corrupción en funcionarios públicos y el sectorialismo en la gestión del Gobierno central, son algunos de los principales problemas por resolver en torno a los conflictos sociales que se presentan en el Perú vinculados a la minería. Según el adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque, a la fecha, de 209 conflictos sociales activos en el país, 43% corresponden al sector minero.

En el marco de la convención minera Perumin 35, el funcionario detalló que, si bien el registro de la conflictividad alcanzó su pico más alto (20%) en el año 2013, de acuerdo a los registros de la Defensoría del Pueblo, los conflictos sociales por actividades mineras volvieron a tener un incremento sustancial desde agosto del 2018, con una cifra de hasta 12.7%. En ese sentido, explicó que los conflictos sociales se atienden lentamente.

“En los últimos cinco años, la conflictividad social siempre irá a mayor velocidad que la capacidad de resolver, se resolvieron 24 casos, pero surgieron 85 casos nuevos, lo importante es que se habrán estos espacios, se pacifica la zona, se racionaliza el tratamiento de los problemas y a partir de ahí, queda librado a las capacidades institucionales del Estado, de las empresas y de las propias organizaciones sociales”, señaló.

Uno de los principales inconvenientes para resolver esta problemática, es la inestabilidad política que se ha llegado a agravar en el último año, tras la toma de mando del presidente Pedro Castillo. Este hecho generó una desconfianza creciente, debido al constante cambio de funcionarios en las distintas carteras ministeriales. Asimismo, ha permitido la degradación en materia de prestación de servicios a nivel administrativo, donde hay incumplimientos sostenidos, cambios repentinos e injustificados de funcionarios públicos. “Tienen que entender que toma tiempo construir confianza. Esa confianza es interpersonal principalmente. Hay que desarrollarla y eso está fallando en nuestro país”, añadió Luque.

Además de los factores antes mencionados, uno de los más resaltantes, yace en los indicios de corrupción en los funcionarios públicos. Luque, consideró que este elemento destruye la confianza y dificulta la gestión del conflicto social. “Es muy difícil para las organizaciones de la sociedad sentarse a dialogar con un alcalde, un gobernador regional o un ministro envuelto en actos de corrupción, denuncias, procesos judiciales abiertos o en otros casos, antecedente por delitos penales en caso de corrupción. Sin embargo, uno los ve sentados en las mesas de diálogo pretendiendo resolver algo. Hay que tener autoridad moral para resolver los conflictos sociales”, dijo.

Igualmente, apuntó a destacar que, en la gestión del Ejecutivo, existe un sectorialismo que limita el diálogo intra-estatal, es decir, la comunicación es limitada entre los principales entes del Gobierno, llegando a trabar el diálogo con los actores directos en los conflictos sociales.

“Cada quien está ubicado en su Ministerio o Viceministerio y no dialoga, el diálogo intra-estatal, a veces es más difícil con las propias comunidades y las organizaciones. Hay una desarticulación, a veces funciona y hay una combinación entre gestión del conflicto, gestión pública y gestión de la seguridad y se maneja bien”, añadió.

Alternativas de solución

Para el experto, los conflictos sociales en el desarrollo de la actividad minera en el Perú deben ser abordados a través de reformas políticas para mejorar las instituciones de la democracia, modernización del Estado y reformas de la administración de justicia.

“La conflictividad va a seguir formando parte de la vida social del país y de la vida social y política en los próximos años en tanto no haya reformas más profundas. El conflicto es en fondo una crítica al funcionamiento del Estado y el mercado; entonces, sí tenemos pendientes las reformas, las demandas sociales se van a seguir trasladando al espacio público y no van a ser conducidas por las vías regulares como los procedimientos administrativos, jurisdiccionales, constitucionales y prácticas políticas”, explicó.