Por: Carlos Meneses

Las nuevas autoridades municipales y regionales tendrán una responsabilidad mayor: demostrar que administrar recursos públicos significa resolver problemas y no acumular presupuestos. El dinero que no se ejecuta oportunamente no es ahorro: cuando existen necesidades urgentes, es una oportunidad perdida.

La cifra debería encender todas las alarmas: al iniciar agosto, los gobiernos locales apenas habían ejecutado el 35,8% de su presupuesto. Es decir, casi dos tercios de los recursos que deberían transformarse en obras, servicios y soluciones para la población permanecían pendientes. No se trata únicamente de una estadística del Ministerio de Economía y Finanzas; detrás de cada porcentaje hay calles sin pavimentar, sistemas de agua que no llegan, colegios que esperan mantenimiento, centros de salud con carencias y ciudadanos que siguen esperando respuestas.

Lo más grave es que esta deficiente capacidad de gasto ocurre en un país donde las necesidades sobran y los recursos, muchas veces, no son el principal problema. El verdadero déficit está en la capacidad de planificar, formular expedientes, contratar, ejecutar y supervisar proyectos con oportunidad y eficiencia.

No puede aceptarse como normal que municipalidades lleguen al octavo mes del año con avances tan bajos. Pasco apenas alcanzó el 20,4%, Madre de Dios y Junín 21,1%, mientras Huánuco, Huancavelica, Lambayeque, Apurímac, Áncash, Cajamarca y La Libertad tampoco superaron el 31%. Son cifras que revelan una gestión pública que no está respondiendo a la urgencia de sus territorios.

Tampoco basta con mirar a quienes están por debajo del promedio. Incluso las regiones con mejores resultados deben demostrar que el gasto se convierte realmente en desarrollo y no simplemente en cifras de ejecución. Gastar rápido no significa gastar bien, pero gastar demasiado lento tampoco puede presentarse como una virtud administrativa.

Los gobiernos regionales muestran un mejor desempeño, con 47,8%, mientras el Gobierno nacional llegó al 54,8%. Sin embargo, en conjunto, el Estado apenas había devengado el 44,9% de su presupuesto al 1 de agosto. Más de la mitad de los recursos públicos seguía sin ejecutarse.

El crecimiento de 7,8% de la inversión pública frente al mismo periodo de 2025 es positivo, pero insuficiente para ocultar el problema estructural. El país necesita inversión de calidad, oportuna y orientada a cerrar brechas, no balances que mejoren únicamente en los últimos meses del año mediante una carrera apresurada por gastar.

El nuevo gobierno de Keiko Fujimori ha planteado acelerar la inversión. El anuncio será creíble solo si viene acompañado de una reforma profunda de la gestión pública y de mecanismos de seguimiento que permitan identificar, desde los primeros meses del año, qué proyectos están trabados y por qué.