El crecimiento del armamento ilegal acompaña el avance de la violencia criminal. En el primer semestre del año se registraron 1 267 homicidios y 997 fueron cometidos con armas de fuego.

La violencia que golpea al país tiene detrás un factor que preocupa a las autoridades y especialistas: la creciente disponibilidad de armas de fuego fuera del control del Estado. Más de 340 mil armas sin registro oficial estarían circulando en el territorio nacional, de acuerdo con cifras de SUCAMEC.

El dato adquiere mayor relevancia al observar las estadísticas de homicidios. Solo entre enero y junio de este año se contabilizaron 1 267 asesinatos, y en 997 casos se utilizaron armas de fuego. Es decir, cerca de ocho de cada diez homicidios estuvieron relacionados con disparos.

Para el coronel PNP (r) Jorge Mejía Asanza, exjefe de la División Antisecuestros, el tráfico ilegal de armas dejó de ser un problema secundario y pasó a convertirse en un componente central de la criminalidad. Según señaló, el mercado clandestino se mueve en diferentes puntos del país y tiene presencia en lugares como Tacora y Las Malvinas, además de utilizar espacios de internet para concretar operaciones.

El ingreso de armamento a las organizaciones delictivas tendría diferentes vías. Entre ellas figuran el contrabando, la vulnerabilidad de las fronteras y el desvío de armas que inicialmente fueron adquiridas de manera legal. La falta de controles adecuados permitiría que parte de este material termine en manos de bandas dedicadas a la extorsión, sicariato, narcotráfico y minería ilegal.

TENDENCIA QUE NO SE DETIENE

Los registros de homicidios muestran que la participación de armas de fuego en estos crímenes ha aumentado progresivamente durante los últimos gobiernos.

Durante la administración de Pedro Pablo Kuczynski se contabilizaron 841 homicidios, de los cuales 379 fueron cometidos con armas de fuego. En el gobierno de Martín Vizcarra, 1 349 de los 2 762 asesinatos tuvieron como mecanismo el disparo.

La proporción continuó creciendo durante los siguientes periodos. En el gobierno de Pedro Castillo, 1 216 de los 2 091 homicidios fueron cometidos con armas de fuego. Durante la gestión de Dina Boluarte, la cifra llegó a 3 657 de un total de 5 452 asesinatos.

El registro de la SUCAMEC permite dimensionar el universo de armas civiles. La entidad contabiliza alrededor de 390 157 armas, aunque solo unas 182 047 tendrían licencia vigente. El resto corresponde a registros cancelados, armas dadas de baja u otras situaciones administrativas.

Como parte de sus acciones de control, SUCAMEC recuperó 5 290 armas irregulares o vinculadas con delitos entre enero y julio de 2026. Además, entre 2025 y enero de este año canceló 21 801 licencias.

La preocupación también alcanza a las armas de mayor poder de fuego. Entre ellas aparecen los fusiles AR-15, cuya importación para actividades deportivas aumentó considerablemente desde 2021. El riesgo está en que parte de este armamento pueda ser desviado hacia organizaciones criminales y actividades como la minería ilegal.

El desafío, por tanto, no pasa únicamente por combatir a quienes utilizan las armas, sino también por cerrar las rutas de ingreso, controlar su comercialización y fortalecer la fiscalización para impedir que el mercado ilegal continúe abasteciendo a las redes criminales.