El Poder Judicial renovó las órdenes de ubicación y captura a nivel nacional e internacional contra la exjefa del Gabinete Ministerial y excongresista Betssy Chávez, quien fue condenada a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por su participación en el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, ocurrido el 7 de diciembre de 2022.

La decisión fue adoptada por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley Soria, mediante una resolución emitida el 14 de agosto, en cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema en diciembre de 2025.

El magistrado dispuso que la renovación de las órdenes sea comunicada a la Oficina de Requisitorias Distrital de Lima de la Policía Nacional y a la Oficina Central Nacional de Interpol Lima, con el propósito de mantener vigente la búsqueda de la exministra tanto dentro como fuera del territorio nacional.

Según la resolución, el pasado 19 de mayo ya se había enviado un oficio a la Policía Judicial para disponer la inmediata ubicación y captura de Chávez.

La exministra fue condenada como coautora del delito de conspiración para una rebelión en agravio del Estado, en relación con los hechos ocurridos cuando Castillo intentó disolver el Congreso e intervenir otras instituciones del Estado.

Sin embargo, su abogado, Raúl Noblecilla, cuestionó la decisión judicial y sostuvo que la captura de su patrocinada no sería posible debido a que se encuentra bajo asilo diplomático en México.

Además de la pena de prisión, la sentencia impuso a Chávez dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. También se estableció el pago de S/ 12 millones por concepto de reparación civil a favor del Estado peruano, monto que debe ser asumido solidariamente con Pedro Castillo, el exministro del Interior Willy Huerta y el exasesor Aníbal Torres, quienes también fueron condenados en este proceso.

La renovación de las órdenes mantiene activa la búsqueda internacional de Chávez mientras continúa la controversia en torno a su situación en México.