Las unidades de flagrancia del Poder Judicial tramitaron 193 casos de extorsión durante 2025 y 2026, informó la Secretaría Técnica de la Comisión de Implementación de este modelo durante una reunión de coordinación interinstitucional realizada en el Palacio de Justicia.

El secretario técnico de la comisión, Edman Rodríguez Vásquez, precisó que durante 2025 fueron procesados 78 casos de extorsión, mientras que en lo que va de 2026 la cifra aumentó a 115 procesos.

En el presente año, los distritos judiciales que concentran el mayor número de casos son La Libertad, con 34; Lima Este, con 33; y Piura, con 15. A ellos se suman Ucayali, con siete procesos, y Lima Norte, con seis, entre otras jurisdicciones.

Rodríguez Vásquez rechazó las versiones que señalaban que las unidades de flagrancia habían tramitado únicamente dos casos de extorsión. Consideró que esa información sería producto de un error o de un procesamiento inadecuado de los datos.

Durante la reunión también se presentaron los resultados generales del modelo de flagrancia. En 2025 ingresaron 33 392 casos, de los cuales 31 043 fueron resueltos, equivalente al 92,97 %. En 2026, hasta la fecha, se registraron 21 283 casos, con 19 585 expedientes resueltos, lo que representa una efectividad cercana al 92 %.

El funcionario destacó que estos resultados son producto de la intervención coordinada de la Policía, el Ministerio Público, la Defensa Pública y el Poder Judicial, desde la detención de una persona hasta la resolución del proceso.

Sin embargo, durante la reunión también se plantearon dificultades relacionadas con algunas disposiciones del Ministerio Público que, según Rodríguez Vásquez, habrían reducido el número de casos registrados en las unidades de flagrancia. Entre ellas mencionó medidas que limitan la competencia fiscal o favorecen la aplicación del principio de oportunidad en lugar del proceso inmediato.

En ese contexto, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, había solicitado al Ministerio Público revisar las normas técnicas que restringirían la competencia de las unidades de flagrancia frente a determinados delitos.

Finalmente, los participantes reiteraron al Ministerio de Economía y Finanzas la necesidad de asignar recursos para implementar, fortalecer y garantizar la sostenibilidad de las unidades de flagrancia a nivel nacional.