Fiscalía advierte sanciones por invadir y obstruir torrenteras en Arequipa

Por: Daniela Nickole Santander

Las emergencias vividas durante el inicio del 2026 dejaron una lección contundente en Arequipa: desbordes en quebradas críticas como Chullo y Los Incas dañaron más de mil viviendas y dejaron vías sepultadas por lodo y escombros. Pese a que más de 1.3 millones de personas permanecen expuestas a riesgos de origen climático en la región , la imprudencia ciudadana y la inacción de las autoridades continúan obstaculizando el cauce natural de las aguas.

Frente a esta coyuntura, el Ministerio Público ha cerrado el paso a la impunidad. Las Fiscalías de Prevención del Delito abrieron procedimientos preventivos contra los municipios provinciales y distritales, advirtiendo sanciones administrativas y penales directas tanto para autoridades omisas como para ciudadanos que insistan en invadir o rellenar torrenteras.

La fiscal de Prevención del Delito, Ana Cecilia Cordero, remarcó que rellenar el cauce de una torrentera con desmonte o escombros para ganar terreno constituye un delito de peligro común sancionado por la ley. Asimismo, la exposición de familiares o personas vulnerables al peligro en construcciones informales dentro del cauce implica graves responsabilidades penales. «Las municipalidades deben fiscalizar las obras, paralizarlas y trabajar para que no se arrojen escombros a los cauces a través de protocolos adecuados de denuncia, porque esto ya es delito. Si tú no cumples, vas a cometer delito; esa es nuestra función como Ministerio Público», aseveró Cordero.

Durante las inundaciones de febrero de 2026 se evidenció cómo el estrangulamiento de los cauces (reducidos en algunos tramos a escasos tres metros de ancho) derivó en el colapso de urbanizaciones y vías principales. Desde la fiscalía se hizo un llamado directo a la conciencia comunitaria y a la cultura de autoprotección, la prevención no es solo tarea de los alcaldes, también es un deber legal del propio ciudadano.

«Exhortamos a la población a abstenerse de seguir invadiendo cauces de torrenteras, porque el agua va a recuperar su cauce y ellos no van a tener derecho más que a la ayuda humanitaria, pero no más allá de eso. Es un trabajo de las autoridades, pero también de la ciudadanía: la ley impone como ciudadano no generar mayor riesgo», enfatizó la fiscal.