Por: Carlos Meneses

El país necesita un Estado más rápido, pero también más eficiente, transparente y controlado. Celeridad, sí. Facultades sin límites, no.

La solicitud del Ejecutivo para recibir facultades legislativas en más de 60 materias coloca nuevamente al Congreso ante una decisión que no debería resolverse ni con apresuramiento político ni con cálculos partidarios. La presidenta Keiko Fujimori ha pedido celeridad, pero también serenidad y responsabilidad. Ambas condiciones son necesarias.

El país enfrenta problemas que requieren respuestas oportunas. La inseguridad ciudadana, las deficiencias del sistema penitenciario, las trabas burocráticas y la preparación frente al Fenómeno El Niño no pueden quedar atrapadas indefinidamente en los procedimientos administrativos. Si existen medidas urgentes que pueden mejorar la capacidad de respuesta del Estado, corresponde evaluarlas con sentido de prioridad.

Sin embargo, la urgencia no puede convertirse en una autorización general para legislar sin controles suficientes. Delegar facultades implica entregar temporalmente al Ejecutivo una capacidad que corresponde constitucionalmente al Parlamento. Por ello, el Congreso tiene la responsabilidad de revisar cada materia solicitada, establecer límites claros y determinar cuáles medidas requieren realmente una intervención inmediata.

La seguridad ciudadana merece especial atención. El hacinamiento penitenciario, la convivencia entre internos primarios y delincuentes de alta peligrosidad y las dificultades que enfrenta la Policía para detener e investigar son problemas que se arrastran desde hace años. Pero modificar normas no será suficiente si no existe capacidad institucional para aplicarlas, presupuesto adecuado y coordinación efectiva entre Policía, Ministerio Público, Poder Judicial y sistema penitenciario.

La misma lógica debe aplicarse a la prevención frente al Fenómeno El Niño. Arequipa y otras regiones del sur conocen las consecuencias de llegar tarde a las emergencias. La prevención exige planificación, recursos y obras concretas, no solamente decretos y anuncios. Las facultades pueden facilitar determinadas decisiones, pero no reemplazan la gestión.

También es positivo que el Ejecutivo plantee eliminar trabas burocráticas y acelerar la utilización de recursos públicos. El ciudadano no entiende por qué existen presupuestos disponibles mientras hospitales, colegios, vías y sistemas de saneamiento continúan esperando atención. Reducir obstáculos administrativos debe ser una prioridad, siempre que ello no signifique debilitar los mecanismos de transparencia y fiscalización.

El Congreso, por tanto, no debería asumir esta discusión como una disputa entre poderes. Tampoco el Ejecutivo debe interpretar la delegación como un cheque en blanco. La ciudadanía espera que ambas instituciones trabajen con rapidez, pero también con responsabilidad.

La petición presidencial debe ser analizada con objetividad. Aquello que sea urgente y necesario debe aprobarse; aquello que exceda los límites razonables debe ser corregido o rechazado. Esa es la verdadera responsabilidad de un Parlamento que fiscaliza y de un Ejecutivo que gobierna.