El ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, señaló que el Gobierno busca ampliar el concepto de “grupos hostiles” para incluir a organizaciones criminales que emplean armamento de guerra y explosivos en zonas urbanas. La medida permitiría una intervención más directa de las Fuerzas Armadas contra estas estructuras, bajo la categoría de objetivos militares.

En declaraciones a TV Perú Noticias, Belaunde explicó que actualmente esta denominación se aplica a los remanentes de Sendero Luminoso que operan en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), así como a disidencias de las FARC ubicadas en la zona del Putumayo.

El ministro sostuvo que el escenario de inseguridad ha cambiado debido a la presencia de organizaciones criminales transnacionales, entre ellas El Tren de Aragua y Los Gallegos. Por ello, consideró necesario actualizar los criterios que permitan calificar a determinadas agrupaciones como grupos hostiles.

Según Belaunde, esta modificación permitiría que las Fuerzas Armadas empleen inteligencia militar, desarrollen operaciones especiales y realicen intervenciones contra organizaciones que cuenten con una elevada capacidad de fuego. Afirmó que el Estado debe tener herramientas para responder frente a grupos que utilizan armas de guerra contra la población.

El titular de Defensa también planteó una mayor participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los establecimientos penitenciarios. Entre las propuestas figura la instalación de retenes militares en los accesos de los penales, equipados con escáneres corporales y detectores de metales.

La finalidad sería impedir el ingreso de celulares, chips y otros objetos prohibidos que pueden facilitar delitos como la extorsión desde los centros penitenciarios.

Estas medidas forman parte del proyecto de delegación de facultades en materia de seguridad. Uno de sus puntos propone regular la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa y apoyo operativo a los penales.

Asimismo, se plantea modificar el Decreto Legislativo 1095 para fortalecer las reglas de empleo y uso de la fuerza de las Fuerzas Armadas cuando actúen en apoyo de la Policía Nacional frente a amenazas contra la seguridad ciudadana y el orden interno, dentro del marco constitucional.